¿Por qué Jordi Pujol no está en la cárcel y por qué a Rajoy se le complica todo?

Ayer, la Policía Nacional tenía la intención de detener al ex molt honorable Jordi Pujol y registrar su domicilio, pero según se ha podido conocer hoy, la Fiscalía del Estado rebajó dicha petición al solo registro de su domicilio, y por otra parte, el juez De la Mata concentró dicha operación a tres de sus hijos. El magistrado ha reducido los delitos al blanqueo de dinero y ha rechazado la consideración de "organización criminal" al clan de los Pujol, como se adelantó por parte de la UDEF. Este miércoles, Rajoy ha declarado que "no hay que actuar con ansiedad"

Así lo explica esta mañana Elespañol, destacando que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) trasladó al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la propuesta de arrestar a Jordi Pujol y rastrear su vivienda en busca de pruebas del origen de su fortuna en Andonrra. De igual modo, también planteó el arresto de sus hijos Jordi, Josep y Pere.

Según este medio, y después de todos los registros, el juez De la Mata sólo accedió a que Pere y Josep Pujol Ferrusola, cuyos nombres aparecen vinculados a empresas que habrían recibido transferencias de dudosa justificación, fueran imputados.

Sin embargo, el instructor que llevó a cabo este martes la 'Operación Hades' sí accedió a registrar a varios empresarios de renombre en la sociedad catalana, si bien desde primera hora ordenó no detener a nadie y no entrar en la casa del matrimonio Pujol-Ferrusola. Pero, la Policía descubrió que el primogénito llevaba unos días viviendo con sus padres mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica y eso hizo cambiar la idea inicial del juez que en todo momento quiso registrar la casa del expresident Pujol.

Complicaciones para Rajoy

Nada más conocer la presentación de Junts pel Sí y la CUP de una moción para acelerar el proceso secesionista catalán, el presidente del Gobierno comparecía ante los medios, y más allá del carácter electoralista o no, leía una declaración institucional en la que anunciaba la disposición del Gobierno para utilizar "todos instrumentos que da la ley", en contra de la independencia de Cataluña.

Rajoy no especificaba en su texto cuáles eran esos mecanismos, y hoy, expertos constitucionalistas se pronuncian sobre la respuesta jurídica del jefe del Ejecutivo y ponen el acento en las complicaciones y los problemas que acarrea la reforma del Constitucional, realizada por el Gobierno, además de la aplicación del artículo 155.

Consultados por el diario El Mundo, catedráticos de Derecho Constitucional como Juan María Bilbao opinan que "la suspensión de funciones que contemplan quienes desobedezcan al TC tiene un problema: "¿Es concebible que se aplique a más de 70 parlamentarios?". Puede, continúa con su planteamiento, que "la reforma del Constitucional no sea útil, porque está pensada para aplicarse a autoridades, no a diputados".

En esa línea, el catedrático Constitucional de Navarra, Manuel Pulido, resalta que la eventual aprobación lo protagonizaría "un órgano colegiado, el Parlamento, y ante eso no cabe aplicar la reforma". Por su parte, Yolanda Gómez, catedrática de la UNED, defiende que el TC "nunca" actuaría contra una multitud de parlamentarios, sino que la suspensión "se impondría al que ejecutase lo suspendido".

Roberto Blanco, catedrático de la Universidad de Santiago, opina que "sí es posible" suspender a los parlamentarios, si bien se plantean otros dos problemas: uno, la identificación ante una eventual votación secreta;  otro, valorar "hasta donde alcanza la inviolabilidad parlamentaria".

La aplicación del artículo 155

Más allá de las armas jurídicas que brinda la reforma del TC, los expertos valoran también la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y en ese sentido Blanco respalda esta vía, en parte por los problemas que suscita la del Constitucional. "Si se empeñan en la desobediencia, lo razonable es ir al artículo 155. El problema está aplicarlo con las Cortes disueltas".

Para Yolanda Gómez, si el desafío sigue y sigue, "la reforma del Constitucional se quedará pequeña y será necesario acudir al 155 para dar una respuesta grave a un problema grave". Ahora bien, pero se trata de un precepto que no se ha desarrollado por ley, lo que abre muchas incógnitas".

Gómez, por su parte, prefiere de momento quedarse con la vía del TC. "es preferible ir caso a caso. El 155 es más general y sería para matar moscas a cañonazos". Mientras, Pulido cree que es un error no haber hecho coincidir las catalanas con las generales, ya que el Gobierno ha recibido este órdago de los independentistas con el pie cambiado, "Y no está claro si la Permanente del Senado puede asumir todas las competencias para el trámite del 155".

En lo que sí coinciden los expertos -recoge El Mundo- es en que, uno, habrá que esperar a la aprobación en el Pleno del Parlament para impugnar la decisión, que hoy es "una mera declaración de intenciones"; dos, que la impugnación acabará como acabará... con esa sentencia no se pondrá final al problema. Tercero: "No bastan los recursos, aunque estén bien y sean obligados. El proceso -apuntan- es un problema político. Y cuarto; que la batalla jurídica que se va a abrir no es necesariamente sencilla: "es una merdé del carajo".