García-Page no cuenta con los informes que avalen detener el almacén nuclear

El Ayuntamiento de Villar de Cañas, en cuyo término municipal está previsto que se levante el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad, acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de haber iniciado la tramitación de la ampliación del territorio protegido de la Laguna de El Hito sin disponer de los estudios pertinentes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, encabezado por Emiliano García-Page, ha dado ese paso para paralizar la construcción del ATC. De acuerdo con la legislación vigente, el inicio de la tramitación activa un mecanismo de protección preventiva que otorga potestad a la Junta para hacer y deshacer en el área a proteger. La única posibilidad de evitar el bloqueo a la construcción del ATC es que el Gobierno Central lo declare de interés general, algo que se está pensando.

Ahora bien, el Ejecutivo autonómico no dispone de los informes ambientales que justifiquen empezar la tramitación. Lo normal, cuando arranca un proceso de ese tipo, es que la Administración competente haya preparado los estudios técnicos que avalen la iniciativa, pero el Gobierno encabezado por Emiliano García-Page no los tiene.

Potestad para parar el ATC

La tramitación comenzó el día 29 de julio, al día siguiente de que Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta, declarase la intención de frenar el ATC durante una rueda de prensa. Según sus palabras, la ampliación haría que "no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca". Justo el día antes del anuncio del inicio de la tramitación, el día 27, el Consejo de Seguridad Nuclear había aprobado el emplazamiento escogido por el Gobierno central para ubicar el ATC, en las afueras del conquense municipio de Villar de Cañas.

Castilla-La Mancha, por lo tanto, actuó a toda velocidad. Y tanta prisa se dió que no ha elaborado los informes técnicos que tendrán que convencer a los especialistas en medio ambiente de la Comisión Europea, autoridad que finalmente decidirá si se amplía o no se amplía la zona protegida.

El Acuerdo del Gobierno que inicia la tramitación establece un período de información pública de 20 días, a contar desde el pasado día 30. Ahora bien, en el tablón de anuncios de la página web de la Junta sólo aparecen el citado Acuerdo, el Informe de la propuesta de ampliación, y un plano a escala con la delimitación de la zona.

Pues bien, para que la Junta eleve el expediente al Ministerio de Agricultura, y éste a la Comisión Europea, deben incluirse otros documentos, como un listado con los tipos de hábitat y especies autóctonas presentes en el paraje -el Formulario Normalizado de Datos-, un informe con los cambios efectuados y otro informe justificativo de dichos cambios.

El 5 de agosto, el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González Egido, mantuvo un encuentro con los alcaldes de los municipios implicados en la ampliación del espacio protegido. Durante el mismo, de conformidad con el acta que levantó el Ayuntamiento de Villar de Cañas, se le preguntó por los informes que faltaban en el expediente que se encuentra a disposición del público, a lo que respondió que "los van a hacer" y "esto es sólo el principio".

Reclamación de nulidad

El Ayuntamiento de Villar de Cañas considera que estos documentos deberían estar a disposición de cualquiera, en virtud de la normativa de transparencia y acceso a la información medioambiental -la Ley 27/2006-, y ha reclamado a la Junta la anulación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por no haberla cumplido durante la fase de información pública.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, consultada por elEconomista, ha indicado que se están tramitando a la vez tres figuras de protección ambiental diferentes, una Zona Especial de Conservación (Zec), una Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y una Reserva Natural como Espacio Natural Protegido.

Esta triple tramitación en paralelo, algo extraordinariamente inusual, lleva a que, según la Consejería, "se solaparán los procedimientos de participación pública, información pública y audiencia de los interesados". En cualquier caso, especifica, dispone de seis meses para enseñar al público "los límites geográficos, los tipos de hábitat y especies de flora y fauna de interés comunitario por los que se declara, los hábitats y especies prioritarios presentes y el régimen preventivo que se le aplicará".

Los interesados en el proyecto, por lo tanto, tendrán que estar muy pendientes de la página web de la Junta, porque promete novedades. Y el Gobierno central tendrá que pensarse rápido si declara el ATC de interés general, porque el Gobierno autonómico ya está condicionando sus planes.