Un alcalde de Barcelona, multado con 1.500 por no colgar la bandera española

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, ha manifestado hoy respeto por las decisiones de diversos ayuntamientos de mantener las 'estelades', pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que obliga a retirar esas banderas independentistas. La primera multa ha recaído sobre un alcalde de CiU.

"Las decisiones de los ayuntamientos siempre se tienen que respetar", ha afirmado Homs en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán al ser preguntado por los consistorios que mantienen la insignia independentista.

El conseller ha remarcado que como portavoz del Govern no debe entrar en polémicas propias de la campaña electoral de las municipales, pero ha remarcado que el ejecutivo de Artur Mas siempre "respeta" las decisiones de los consistorios en este ámbito.

Diversos ayuntamientos catalanes mantienen colgadas las 'estelades' en los balcones de sus edificios, desoyendo la resolución de la Junta Electoral Central -que obligaba a retirar estas banderas de los edificios públicos y locales electorales durante la campaña- y pese a que la mayoría ya han recibido el requerimiento con la instrucción.

Primera multa, a un alcalde de CiU

El alcalde de Calldetenes (Barcelona), Marc Verdaguer (CiU), ha sido el primero en ser multado en Cataluña por no colgar la bandera española en la fachada del Ayuntamiento, pese a que actualmente sí está, y ha tenido que pagar una multa de 1.500 euros de su patrimonio personal.

Según un comunicado del Ayuntamiento -gobernado por CiU en coalición con Poble en Marxa-CUP-, el juzgado contencioso administrativo 10 de Barcelona ha desestimado el recurso de reposición contra la sentencia que les imponía esta multa, pese a que en abril de este año el consistorio colgó la bandera.

Sin embargo, por el retraso en cumplir la sentencia inicial, el juzgado ha decidido multar al alcalde con 1.500 euros. 

El abogado del consistorio recurrió la multa atribuyendo el retraso al cumplimiento de la legislación de haciendas locales, que exige solicitar una partida presupuestaria por la compra de la bandera, un trámite que debía pasar por el pleno.