'Juicio' a los fiscales españoles: ¿contra los delincuentes o contra las víctimas?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho no a la petición de amparo "por presiones" de Elpidio Silva, el juez del 'caso Blesa'. El acuerdo de la Comisión Permanente del Poder Judicial recalca que la petición se presentó fuera de plazo y subraya que la Fiscalía actuó correctamente en el proceso y que el magistrado debe soportar la crítica por parte de la prensa. El juez del 'caso Blesa' denuncia un nuevo acoso ante el Supremo

Ésta y otras decisiones adoptadas por el Ministerio Fiscal en las últimas fechas dibujan una duda: ¿de qué lado están los fiscales? ¿Contra los presuntos delincuentes o contra las víctimas?

En lo referente al 'caso Bankia', la actitud de los fiscales ha sido muy concreta. Al principio, Anticorrupción se mostró a favor de que se abriera una investigación, pero luego se opuso a la imputación de consejeros, como pedía UPyD y aceptó el juez. De igual modo, la Fiscalía se opuso a la petición de intervención judicial de Bankia solicitada por el partido de Rosa Díez y el movimiento 15M.

Por otro lado, cuando Blesa acabó entre rejas, la Fiscalía de Madrid recurrió, mientras estudiaba si Silva podía haber prevaricado, en cuyo caso se querellaría contra él. "El poder judicial me hostiga y persigue", se quejaba Silva. 

Al final, este magistrado, titular del juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, decretó el jueves pasado la puesta en libertad del expresidente de Caja Madrid, tras la petición de la Fiscalía y la aquiescencia del Gobierno de Rajoy. Este mismo martes, Silva denunciaba su acoso otra vez.

De Urdangarin a Bárcenas

Este caso judicial, en cualquier caso, no es el único polémico. Anticorrupción, sin ir más lejos, recurrió la imputación de la infanta Cristina de Borbón, tras negar presiones de la Casa Real e informar de que no acusaría a los duques de Palma por la contratación de empleados ficticios en el 'caso Nóos'.

Semanas antes, y en la misma línea, la Fiscalía General del Estado descartó la retirada del pasaporte de Iñaki Urdangarin, esposo de la hija del rey Juan Carlos I. "Hasta ahora" no hemos encontrado ningún motivo para proceder a la adopción de medidas cautelares, recalcó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

El pasado viernes, además, Anticorrupción se opuso  a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declarara como testigo en el 'caso Bárcenas', en el que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, al entender que su testimonio no resulta "útil o relevante para el esclarecimiento de los hechos". Rita Barberá, alcaldesa de Valencia en problemas por la trama 'Gürtel', llegaba incluso a felicitarse porque el máximo órgano de los fiscales había "desautorizado" a Anticorrupción.

Torres Dulce tampoco vió indicio de delito en los viajes del exjefe de los jueces, Carlos Dívar, cuyo adiós fue forzado por una investigación periodística.

La tragedia del Madrid Arena, en el que murieron cinco jóvenes, tampoco ha sido ajena el problema. La madre de una de las niñas,  Isabel de la Fuente, llegó incluso señalar que los fiscales no debían defender a los imputados, "y es lo que están haciendo".

Engaños a octogenarios

Las preferentes han sido fuente de problemas para los fiscales. Así, el Ministerio Público se opuso a investigar a Blesa, Miguel Ángel Ordóñez y a Julio Seguro, entre otros, e intentó frenar la investigación sobre las preferentes de Bankia.

Por último, hay quien reclama la investigación de oficio por parte de los fiscales. En el caso de Caja Navarra, por ejemplo, no iniciaron las pesquisas, cuando su labor es indagar y, sobre todo, buscar pruebas y delitos. Y, en ciertos procesos, no se está cumpliendo, tal y como algunas voces han venido denunciando.

Hoy mismo, Alfonso de Salas, editor de elEconomista, ha recordado que "el tsunami publicitario ha acabado con la independencia de los medios, y los mismos tienen que esconder y parar exclusivas. El ejemplo claro lo hemos tenido con el caso de Caja Madrid y Blesa", sentenció De Salas.

Los cambios de Gallardón

Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsa la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la dirección de las investigaciones, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea los tribunales de instancia y suprime los partidos judiciales.

De esta forma, el Ministerio Público tendría también que instruir los delitos y las faltas, en lugar de a los jueces como ocurre en la actualidad.