La alta fiscalidad de la vivienda

La compraventa de vivienda soporta en España uno de los más elevados gravámenes fiscales de los países desarrollados. En el mercado de segunda mano, el tipo promedio del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) alcanza en nuestro país un promedio del 11%, solo superado por Bélgica y Reino Unido.

Sin duda, hay muchos otros tributos que gravan al inmobiliario en España, y en porcentajes superiores, pero no debe minusvalorarse la importancia del ITP –y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que lleva aparejado–. Son gravámenes transferidos a las autonomías y algunas de ellas no dudan en llevarlos al límite para sacar el máximo provecho del boom que experimenta la compraventa de viviendas, lo que crea grandes desequilibrios en el mercado español.

Basta con considerar la brecha que media entre el 6% que aplica Madrid en su ITP y el 13% de Baleares, o el 11% de Cataluña o Comunidad Valenciana. Se trata además de una figura impositiva que, como señala reiteradamente la OCDE, reclama una revisión de su diseño.

Tendría más sentido, según los expertos, centrar la fiscalidad de los inmuebles en otros aspectos, como las rentas que puedan obtenerse de ellos, o los servicios económicos que presten a sus dueños, y no tanto en el mero cambio de su titularidad en sus escrituras. Resulta obvio que esta reforma, por sí sola, no resolvería la crisis de la vivienda en España, enraizada en cuestiones tan complejas como el profundo desequilibrio entre oferta y demanda, o la escasa disponibilidad de suelo finalista.

No obstante, el aligeramiento de la ya muy elevada fiscalidad sobre estos activos, por parte de las autonomías y también del Estado, sería una contribución valiosa para afrontar el problema.