Pensiones pagadas con impuestos

La transferencias del Estado a la Seguridad Social, con objeto de ayudar al pago de las pensiones, se han convertido en un procedimiento rutinario en los últimos años.

Apenas hay que remontarse un mes atrás, en este mismo año, para toparse con un Consejo de Ministros en el que volvió a autorizarse una operación de esta índole, la cual movilizó por sí sola casi 7.000 millones. Lo que no es tan conocido es el volumen que este dopaje de los ingresos de la Seguridad Social ya absorbe, medido sobre el total de recursos que esta última Administración necesita para atender sus obligaciones contraídas con los pensionistas. Esa proporción alcanza una envergadura inédita, cercana al 30%.

Dicho de otro modo, los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales ya solo aportan el 70% de los recursos. Resulta paradójico que este desequilibrio se ensanche precisamente en uno de los momentos de mayor creación de empleo que ha atravesado la economía española. La perplejidad crece cuando se considera que está en vigor desde enero, y así seguirá en las próximas décadas, una triple subida de cotizaciones. La recaudación extra ligada a este concepto también será incapaz de acompasar los ingresos al vertiginoso ritmo al que crecen las necesidades de gasto de la Seguridad Social.

Éstas avanzan a tasas del 6% anual impulsadas por la jubilación de la generación del baby boom, y por la total ausencia, en la reforma planteada en 2023, de mecanismos que racionalicen el desembolso en pensiones. Este contexto ofrece el caldo de cultivo idóneo para que el pago de dichas prestaciones sea cada vez más dependiente de los Presupuestos del Estado, y por tanto exija mayores esfuerzos del IRPF y los demás impuestos que pagan los contribuyentes.