Almeida sin volante en la nueva Ordenanza del Taxi de Madrid

Con ocasión de la tramitación de un anteproyecto de reforma de la Ordenanza del Taxi de Madrid, la mayoría absoluta del PP en el consistorio corre el riesgo –si nadie lo impide– de empeorar la calidad del servicio. De aprobarse en sus términos actuales, la nueva norma dificultará la incorporación de nuevos vehículos, limitará la accesibilidad real del sistema y reducirá la disponibilidad de eurotaxis adaptados para personas en silla de ruedas.

De forma simbólica, el alcalde José Luis Martínez-Almeida parece repetir uno de sus gestos más conocidos: dar un balonazo. Esta vez, sin embargo, el golpe a los dídimos no es anecdótico, sino legislativo, y el destinatario será un colectivo especialmente vulnerable: las personas con discapacidad que necesitan transporte accesible. La nueva Ordenanza, tal como está planteada, amenaza con agravar su exclusión del sistema de movilidad urbana. No se puede hablar de futuro sin reconocer primero el presente.

El Ayuntamiento de Madrid incumple de forma sistemática la normativa sobre accesibilidad y los derechos de las personas discapacitadas. La legislación vigente exige al menos 750 eurotaxis en circulación en la capital, pero actualmente no hay ni la mitad, pues apenas se mantienen activos unos 350 vehículos adaptados. Esta brecha no solo refleja una gestión ineficaz, sino también una falta de voluntad política para garantizar los derechos básicos de miles de ciudadanos.

El Municipio viene alegando durante años motivos técnicos para esta insuficiencia endémica en el servicio público a los más vulnerables, pero lo cierto es que las causas radican en el sometimiento del interés de los discapacitados al interés de los taxistas, sus emisoras y asociaciones, quienes son cómplices del consistorio en llevar 45 años sin permitir que se otorgue ni una sola licencia de taxi nueva en Madrid.

En esta ocasión, cuando ya es un clamor contemplar cómo las personas de movilidad reducida se ven expuestas a largas esperas, cancelaciones y servicios deficientes –lo que afecta a su dignidad, a sus derechos al trabajo, al ocio y a moverse libremente, etc.–, el Ayuntamiento anuncia a bombo y platillo que, si los taxistas no transforman voluntariamente cerca de 400 taxis en eurotaxis, se verá en la necesidad de convocar un concurso público para expedir nuevas licencias (como señalamos algo inédito desde 1980) hasta completar ese cupo.

Sin embargo, la concreción de esta medida oculta otra falta de respeto hacia las personas con discapacidad. Y ello porque, por miedo a que el sector del taxi proteste a las puertas del Palacio de Cibeles si se aumentan las licencias –lo que podría afectar al valor especulativo de las mismas, del que también se beneficia el propio Ayuntamiento–, solo se exige a los nuevos eurotaxis que realicen al menos 150 servicios al año. Eso equivale a menos de medio servicio al día, una cifra claramente insuficiente para cubrir las necesidades reales de los usuarios con movilidad reducida. Es decir, que sea con nuevas o viejas licencias, estos eurotaxis podrán permitirse el lujo de seguir dejando tirados a los usuarios vulnerables, con tal de completar un ridículo cupo de servicios anuales de traslados a personas de movilidad reducida.

Por ser constructivos y ofrecer ideas o soluciones al Ayuntamiento de Madrid, éste bien podría, en cambio, establecer un programa de incentivos financieros y logísticos para titulares de licencias eurotaxi, que incluya medidas como (i) la eliminación de la tasa de concesión de nueva licencia y de la tasa de renovación, (ii) mayores subvenciones directas por vehículo para la instalación de sistemas de elevación, rampas y sujeciones de silla de ruedas homologadas, (iii) bonificaciones o gratuidad en el impuesto de circulación para vehículos eurotaxi adaptados, (iv) crear un Fondo de apoyo al mantenimiento preventivo de sistemas de accesibilidad, con ayudas hasta el 100 % del coste anual de revisión y reparación, (v) facilitar un programa de formación gratuita para conductores en atención y protocolo de acompañamiento de personas con discapacidad, (vi) dar prioridad en la asignación de plazas de recarga eléctrica y estacionamientos reservados para vehículos adaptados, con acceso gratuito durante un periodo determinado de años, etc. Y para las personas discapacitadas, un sistema de voucher o vales perfectamente trazable y antifraude con la tecnología actual.

A la vista del resto del anteproyecto, no hay motivos para el optimismo. La mala regulación no se limita al tema de los eurotaxis. Por el contrario, el Ayuntamiento, en lugar de aprovechar esta reforma para flexibilizar un sistema ya saturado por la hiperregulación, opta por profundizar aún más en ella. Lejos de corregir ineficiencias, parece decidido a reforzar un modelo intervencionista que responde más a los intereses corporativos del sector del taxi que a las necesidades reales de los usuarios.

Así, el muy ecologista Almeida elimina las facilidades otorgadas a los taxis eléctricos para circular durante 24/7, aprobadas hace apenas tres años, y, en contra de las indicaciones de la Comunidad de Madrid –proclive a una mayor flexibilidad del servicio– vuelve a instaurar un régimen rígido de descansos, empeñado en ignorar que quienes descansan son los conductores y no los vehículos. Capaces son de que cuando vengan los robotaxis les sigan poniendo descansos.

O sea, como es palmaria la escasez de flota disponible diariamente para prestar el altísimo incremento de los servicios que existe año tras año (prueba de ello son los permanentes récords de recaudación anunciados por las emisoras de taxistas); el alcalde propone reducir aún más las horas de explotación de los taxis. Aumenta la demanda y reduce la oferta. ¿Hay alguien al volante consistorial? ¿Qué puede salir mal?

En cuanto a las dimensiones y características de los vehículos que el Ayuntamiento permite circular como taxis, en vez de derogar de una vez por todas una burocracia kafkiana que obliga a homologaciones, revisiones, certificaciones, etc., y aplicar una regla tan sencilla como la que tienen las VTC (un mínimo de asientos, caballos fiscales y longitud del vehículo), el consistorio insiste en la hiperregulación que impide la innovación e incorporación ágil de nuevos modelos al servicio.

Por último, el regidor posterga, con suerte a 2026, la prestación de los servicios de taxi compartido (habilitada reglamentariamente por la Comunidad de Madrid desde 2019) y que, en cambio, ya prestan también las VTC (servicios carpooling o share), frenando así de nuevo la innovación y opciones en el servicio de taxi en perjuicio de sus usuarios.

En definitiva, todo un despropósito de proyecto normativo, que prescinde del interés general de los usuarios del taxi y, en particular, perjudica más si cabe los derechos de los discapacitados a un servicio público a precio razonable, eficaz, suficiente y de calidad.