¿Puede España aumentar su gasto en defensa sin poner en riesgo el Estado del Bienestar?

Resulta legítimo y oportuno preocuparse por el impacto que tendría un aumento significativo del gasto en defensa sobre el Estado del bienestar. El reciente anuncio de Donald Trump, sugiriendo que los países aliados deberían destinar un 5% de su PIB a defensa, plantea para España un desafío de gran magnitud y difícilmente asumible. España parte de una posición fiscal muy limitada. A diferencia de Alemania, el elevado nivel de endeudamiento público no permite ampliar el gasto sin recurrir a un incremento sustancial de los ingresos fiscales. Si descartamos la opción de endeudarnos más, cabe preguntarse: ¿cuánto habría que aumentar los impuestos para financiar un gasto militar equivalente al 5% del PIB?

Un análisis preliminar y urgente sugiere que sería necesario incrementar la recaudación fiscal en torno a un 15%. Así se puede ver en la tabla adjunta donde se comprueba el resultado de incrementar todos estos impuestos en dicho porcentaje. El resultado sería que por IRPF sería necesario un incremento que permitiera ingresar 18.450 millones más de los 123.000 que ya se obtienen. Respecto al IVA, un alza del 15% en el gravamen elevaría la recaudación en 15.300 millones respecto a los 102.000 actuales. En Sociedad, la subida de la tasa permitiría obtener otros 5.850 millones más a los 39.000 millones que se logran en estos momentos. Y, por último, un alza del 15% en los impuestos especiales elevaría la recaudación en otros 5.400 millones, que habría que sumar a los ingresos actuales de 36.000 millones.

Plantear por ello un gasto en defensa del 5% del PIB resulta desproporcionado si se compara con la realidad de los países de nuestro entorno. Ni siquiera Estados Unidos, el mayor inversor mundial en defensa, alcanza actualmente ese nivel. Rusia destina un porcentaje elevado de su PIB a defensa, pero en términos absolutos gasta bastante menos que Estados Unidos o la UE en conjunto. Por tanto, no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. En concreto, Rusia dedica un 7,1% del PIB a seguridad para alcanzar una cifra de 2,1 billones de dólares. Estados Unidos, en cambio, gasta el 3,38% de su PIB, pero con ello llega a una cifra de 25 billones. En cuanto a la Unión Europea, el 2% del PIB que dedica a defensa le permite llegar a una cantidad de 18 billones. A la vista está que tanto EEUU como la UE baten por mucho el desembolso de Rusia, que es el que más gasta en defensa, según su porcentaje de PIB. Por tanto, no se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. ¿Por qué aumentar entonces el gasto europeo en defensa?

El impulso del gasto en defensa en Europa no se justifica únicamente por su bajo volumen actual, sino por múltiples factores estratégicos:1. Eficiencia y escala conjunta: Europa mantiene 27 ejércitos con estructuras duplicadas, modelos de armamento distintos y sin una cadena de mando unificada. Según la Agencia Europea de Defensa (EDA, 2022), hasta un 30% del gasto se desperdicia en duplicidades y fragmentación. 2. Autonomía estratégica: La creciente incertidumbre sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado obliga a Europa a reforzar su capacidad autónoma de defensa. 3. Reposición de capacidades: El apoyo a Ucrania ha dejado los arsenales europeos bajo mínimos, lo que exige una urgente reposición. 4. Nuevas amenazas: Europa enfrenta riesgos híbridos y multidimensionales, tanto en el Este como en otros frentes (ciberseguridad, espacio, flancos sur, etc.). En conclusión, el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa carece, a día de hoy, de una justificación técnica sólida y resulta inasumible para países como España sin poder comprometer gravemente la sostenibilidad de las cuentas públicas.

No obstante, es evidente que el gasto debe aumentar, y que ese esfuerzo debe realizarse de manera inteligente, coordinada y eficiente. En este contexto, el reto es excepcional: reforzar la defensa sin socavar el Estado del bienestar ni desencadenar una nueva crisis de deuda. Nos encontramos en el límite fiscal, y cada euro mal invertido podría tener consecuencias severas para el modelo social español, cuya máxima expresión son las pensiones públicas de la Seguridad Social.