La inversión en transporte público: apuesta estratégica por ciudades más habitables

*Por Jesús Herrero, secretario general de Atuc

Según un estudio realizado por Atuc sobre la demanda del transporte público en diciembre de 2024, el programa de descuentos puesto en marcha por el Gobierno en septiembre de 2022 ha supuesto hasta hoy un incremento del 30% en el número de viajes en transporte urbano y metropolitano. Aproximadamente la mitad de los habitantes de nuestro país utilizan este tipo de transporte al menos una vez al mes. No obstante, este crecimiento incluye solo un 8% de nuevos usuarios, mientras que un 10% de los actuales ha sustituido alguno de sus desplazamientos en coche por el transporte público.

Estos datos, aunque positivos, están todavía muy lejos del objetivo fijado en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que plantea un trasvase modal del 40% del coche privado al transporte público en las ciudades y áreas metropolitanas. Podemos llegar a la conclusión de que la causa de que los porcentajes de nuevos usuarios sean relativamente bajos no es desde luego el precio del billete, sino que los niveles actuales de servicio (en términos de frecuencias, velocidad comercial y cobertura territorial) no resultan aún lo suficientemente atractivos para generar el cambio modal necesario.

Sin cambio modal hacia los modos verdaderamente sostenibles no puede haber transición ecológica real. El transporte público es un instrumento imprescindible para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Además, su impacto económico y social es significativo, ya que mejora la productividad reduciendo tiempos de desplazamiento, impulsa el empleo y permite un acceso universal a oportunidades laborales y servicios esenciales.

Para lograr este objetivo, es imprescindible acometer una inversión ambiciosa y sostenida en el tiempo, tanto en material móvil (autobuses y trenes) como en infraestructuras y tecnologías que garanticen conexiones rápidas, seguras, accesibles y de calidad.

Si bien el Gobierno está poniendo en marcha ayudas para el fomento y la mejora del transporte público, estas solo contemplan 105 millones de euros para autobuses, una cantidad claramente insuficiente. Los órdenes de magnitud de los que estamos hablando son de miles y no de cientos. Solo en renovación de flotas, se calcula que para electrificar el parque actual de vehículos dedicados al transporte público urbano y metropolitano se van a requerir por encima de los 3.000 millones. En este sentido, es fundamental movilizar otras fuentes de financiación, como el Fondo Social para el Clima (FSC) y los ingresos del nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión para edificios y transporte (ETS2).

Mientras que el FSC parece asegurado para el próximo año, no sucede lo mismo con el ETS2: todo apunta a que Francia solicitará una moratoria de cuatro años, lo que dificultaría seriamente la renovación de flotas hacia vehículos de cero emisiones y la expansión de servicios necesarios para alcanzar los objetivos del PNIEC.

Invertir en transporte público no es un gasto: es una medida de impacto directo en la salud pública, en la lucha contra el cambio climático y en la competitividad de nuestras ciudades. Si de verdad queremos una movilidad más sostenible y ciudades más habitables, el transporte público tiene que ocupar un lugar central. Y para eso es imprescindible una financiación adecuada, previsible y estable.