Aprovechar al máximo el Fondo Social Europeo para el clima

Los sectores de la construcción y el transporte, notoriamente lentos en la descarbonización, ahora necesitan reducir las emisiones a un ritmo sin precedentes para mantener a la Unión Europea (UE) en el camino hacia la consecución de sus objetivos climáticos. Para ello, a partir de 2027 se establecerá un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, el denominado ETS2, que impondrá un precio al carbono a los combustibles utilizados en esos sectores.

Los hogares vulnerables y las pequeñas empresas sentirán con mayor intensidad los aumentos de los precios de los combustibles provocados por el RCDE2, ya que gastarán una mayor parte de sus ingresos en combustibles para calefacción y transporte, lo que significa que también gastarán una mayor parte de sus ingresos en el precio del carbono. Estos efectos agravantes de la desigualdad se producen entre los países y dentro de ellos. Si los hogares de un país utilizan principalmente sistemas de calefacción de carbón, en lugar de alternativas más limpias, la población de ese país se verá más afectada por el ETS2, porque se producen más emisiones costosas. Esto se ve intensificado por los diferentes niveles de ingresos de los países, ya que el nivel de precios del CO2 afecta a toda la Unión. Dentro de los países, las desigualdades surgen en gran medida de la eficiencia de los edificios y del uso del transporte por parte de los ciudadanos. Los ocupantes de edificios ineficientes y las poblaciones rurales que carecen de acceso al transporte público se verán más afectados por el aumento de los precios del combustible, especialmente porque las zonas rurales tienden a ser menos prósperas.

Para proteger a los hogares en dificultades frente al impacto adicional del RCDE2, la UE ha creado el Fondo Social para el Clima (SCF), que comenzará antes del RCDE2 en 2026. El dinero de este fondo europeo puede ser utilizado por los gobiernos exclusivamente para medidas específicas que apoyen a los más vulnerables. Las medidas pueden incluir asistencia financiera directa para compensar el aumento del costo de la vida, pero se hará especial hincapié en el apoyo a la inversión. Esto puede incluir facilitar el cambio a sistemas de calefacción más limpios. En las zonas rurales, iniciativas como los vehículos eléctricos con descuento y alquilables ofrecen soluciones innovadoras para mejorar el acceso a un transporte limpio. El importe total de los ingresos del ETS2 dependerá del precio del CO2, pero las expectativas se sitúan por encima de los 300.000 millones de todos los países de la UE entre 2027 y 2032. De estos ingresos, se agrupan 65.000 millones de euros en el SCF. Estos fondos se asignan a cada país de la UE de forma que se minimice la desigualdad entre ellos, teniendo en cuenta factores como sus ingresos y sus niveles de desigualdad. Los países de ingresos más altos, por ejemplo, reciben porciones relativamente menores del SCF.

El fondo representa una oportunidad vital para garantizar que la acción climática no se produzca a expensas de la justicia social, pero para muchos países es probable que el SCF por sí solo no sea suficiente. La renta nacional generada por el RCDE2, más allá del SCF, desempeñará un papel complementario crucial. Su uso también está regulado y debe apoyar la transición ecológica, pero los esfuerzos pueden estar menos dirigidos a los vulnerables, es decir, pueden centrarse en la descarbonización. Esto puede contribuir a proteger un nivel de precios más bajo, ya que la reducción de la demanda de combustibles reducirá sus precios. Esto es crucial, ya que el precio del carbono ETS2 solo tiene un techo de precio suave, lo que hace posibles picos de precios si no se alcanzan los objetivos de emisiones. El uso correcto de estos fondos nacionales influirá significativamente en el éxito de la UE en materia de política climática, tanto a través de la dimensión social como de las inversiones en descarbonización.

Para finales de junio de 2025, los países deben presentar Planes Sociales para el Clima (CPS) en los que se describan las medidas previstas utilizando fondos del SCF. El diseño de planes efectivos requerirá consultas significativas, análisis cuidadosos y esfuerzos para comprender las necesidades específicas de sus poblaciones. El riesgo de mala asignación es grande, especialmente cuando la capacidad administrativa es limitada y cuando la fecha límite se acerca rápidamente. Sin una planificación cuidadosa, algunos consumidores pueden ser compensados en exceso, mientras que otros que realmente necesitan apoyo podrían quedarse atrás.

En lugar de confiar en una única solución, se alienta a los países a adoptar un enfoque flexible y mixto. La combinación de herramientas como el arrendamiento social de vehículos eléctricos, el apoyo a los ingresos específicos y los planes de renovación puede ayudar a abordar las diversas realidades de los grupos vulnerables. Fundamentalmente, los planes deben ser vistos como dinámicos y, con el tiempo, basarse en el aprendizaje a través del país, evolucionando en función de la experiencia del mundo real.

El RCDE2, junto con el reciclaje de ingresos, puede aportar grandes beneficios a los países de la UE, si se aplica correctamente. A medida que los países finalizan sus Planes Sociales para el Clima en los próximos meses, no hay tiempo que perder. Los planes mal diseñados corren el riesgo de malgastar miles de millones de euros, sin proteger a los más vulnerables. Un enfoque bien estructurado, transparente y oportuno es esencial para garantizar que el SCF cumpla su promesa: convertir la acción climática en una transición genuinamente justa e inclusiva en lugar de una carga económica.