La ficha bancaria del ICF, ¿premio de consolación para Illa si pierde el Sabadell?

"Si triunfa la opa, Cataluña tendría que crear un nuevo banco", decía la pasada semana un alto directivo vinculado a las esferas de poder catalanas y españolas. Y a la espera de ver si Cuerpo sega la operación o un eventual rechazo de los accionistas, la administración tiene ante sí un plan B para afrontar la anunciada pérdida de crédito para las pymes del territorio.

Mientras avanza el proceso de BBVA y Banc Sabadell, en paralelo la Generalitat acelera para dotar de una ficha bancaria a su banco público, el ICF, que le permita convertirse en una "entidad de crédito con músculo". El Gobierno se ha comprometido a apoyar la causa en Europa; una reivindicación histórica del Govern –independientemente del color político- que podría servir a Salvador Illa como carta a jugar y premio de consolación en el caso de que Carlos Torres siga adelante con la opa y el Ministerio no trunque la adquisición.

La pasada semana en el Parlament ya quedó claro que ambos movimientos se entrelacen, aunque todo el mundo trate de desvincularlos. "La prioridad será ayudar a nuestras pymes", advertía la consellera Romero. "Ante la opa y una concentración cada vez mayor, apostamos por una banca pública fuerte que compita de tú a tú", decía ERC, impulsora del acuerdo con el Gobierno.

El Govern aspira a tener luz verde "en meses", por lo que la concesión de la ficha bancaria podría mitigar el golpe de un triunfo de la opa. Más ahora que se ha extendido la sensación entre el empresariado de que los remedies que imponga el Ministerio de Economía no harán recular a BBVA de su voluntad de seguir adelante. La autorización, dependiente del Banco de España de José Luis Escrivá, podría servir también a Sánchez para exhibir su compromiso con el sistema financiero catalán.

Porque el ICF, aunque ni de lejos se acercará a la capilaridad, músculo y presencia de Banc Sabadell, es una demanda que se remonta a la etapa de Pujol en el Govern, primero de la mano de Josep Maria Cullell y luego con Alavedra, en los 80 y los 90. Mas-Colell puso negro sobre blanco la idea en 2013 tras la crisis de las cajas de ahorro y Jaume Giró se topó con la negativa del BdE en 2022. La carpeta quedó en el cajón de Natàlia Mas y ahora es Alicia Romero la que trata de rematar el asunto.

Así pues, se trata de una reivindicación que se ha mantenido con independencia del color del Gobierno. No obstante, de ver la luz serían ERC y el PSC los que se podrían anotar el tanto ahora. Queda por ver si Junts guarda alguna bala en la recámara tras el patinazo de Pere Soler en la CNMC a la hora de hacer valer su posición en la defensa del Sabadell. Cartas a cambio tiene, siendo pieza indispensable en la gobernabilidad del Ejecutivo de Sánchez.