Hoteles Beatriz o cuando la norma abre la puerta de atrás a los fondos buitre

El nuevo texto de la ley concursal que entró en vigor el septiembre del año 2022 y que traspone la Directiva 2019/1023 sobre restructuración e insolvencia, modificó radicalmente el régimen pre concursal al apostar por mecanismos de restructuración preventiva en el caso de que se considere que la compañía tenga riesgo de insolvencia. Esta reforma supuso un cambio de paradigma ya que, con la nueva normativa, la propiedad de la empresa puede cambiar de manos en un santiamén. En efecto, la nueva norma permite a los acreedores, si consideran que hay riesgo de solvencia, puedan imponer un plan de restructuración y tomar el control del capital de la compañía amortizando las participaciones de los socios mediante la capitalización de créditos en compañías que no estén en concurso. Los planes pueden incluso imponerse a los socios, ya que no siempre necesitan de su consentimiento; por eso, como recuerda la exposición de motivos de la Ley, no se denominan "acuerdos", sino "planes" de reestructuración y podrán tener por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios, lo que puede suponer un arma de doble filo.

Sin embargo, la normativa es clara, y la homologación judicial de un plan de reestructuración solo procederá cuando el deudor esté en situación de insolvencia, inminente o probable. De esta manera, la norma trata de evitar determinadas situaciones de abuso que podrían producirse respecto a los planes de restructuración que, sin necesidad de activarse, pudieran utilizarse con motivos encubiertos y no legítimos (como, por ejemplo, forzar una quita o un cambio de control en un escenario en el que no existen dificultades financieras).

Pero a pesar de que la norma trata de evitar situaciones de abuso, puede darse el caso de que en algunas ocasiones, las empresas que estén al corriente de todos sus pagos y con capacidad financiera para liquidar su deuda, esto es, sin estar en caso de insolvencia inminente o actual, se vean acosadas por Fondos oportunistas que mediante una puerta legal de atrás, puedan forzar la activación de un plan de restructuración judicial mediante una notificación unilateral del vencimiento anticipado de la deuda y de esta manera poder cambiar el control accionarial.

Traigo esto a colación para describir como una compañía solvente puede ponerse en riesgo y verse forzada legalmente a cambiar de accionistas mediante manipulaciones procesales. Les estoy hablando de Hoteles Beatriz, cuyos socios decidieron vender en 2023 un 51% de su participación como parte de un proceso de relevo generacional a una empresa especializada en gestión hotelera. Hoteles Beatriz arrastraba una deuda financiera refinanciada inicialmente en 2015 y 2020, con cierre en 2025. Esta financiación, sin quitas ni esperas, fue acordada con un sindicato bancario español. Con esta venta la compañía mejoró su solvencia. Desde entonces, Hoteles Beatriz mantuvo sus operaciones y cumplió con sus obligaciones de pago. Pero hete aquí, que entre 2020 y 2023, algunas entidades financieras cedieron sus posiciones en la deuda a terceros, apareciendo un Fondo que responde al nombre de Blantyre que opera a través de la luxemburguesa, Meru, al que no le faltó tiempo, sin haberse producido cualquier tipo de impago ni indicios de insolvencia, para solicitar mediante un tecnicismo legal, -una notificación unilateral de vencimiento anticipado por cambio de control- para forzar la activación de un plan de reestructuración judicial. Una puerta de atrás legal muy aprovechada por fondos oportunistas para hacer este tipo de operaciones. El plan contemplaba la capitalización parcial de la deuda, lo que le permitiría al Fondo quedarse con la compañía. Todo ello sin que se hubiera producido un impago ni insolvencia real.

Como no podía ser de otra manera, el auto judicial rechazó el plan y estableció que no existía una situación de insolvencia actual ni inminente por parte de la compañía, y que dicha condición debía probarse en un procedimiento declarativo en el cual la empresa pudiera ejercer su derecho de defensa.

Así las cosas y a pesar de que la resolución judicial, el Fondo intenta repetir la misma jugada en otro juzgado presentando exactamente el mismo plan. En el ínterin y lejos de estar en apuros, la empresa por su parte, negoció la refinanciación del 100% de la deuda pendiente, hecho que le permite pagar puntualmente toda su deuda con el sindicato bancario el 30 de junio y demostrar no solo su solvencia financiera, sino que también ha duplicado el valor de sus hoteles y reforzado su plan de negocio y empleo. La operación fue comunicada a las autoridades judiciales y permitió demostrar la viabilidad financiera de la empresa. A la fecha de la nueva financiación, los activos principales (los hoteles en Lanzarote) habían duplicado su valoración, pasando de 38,7 a 77 millones de euros en el caso del Hotel Beatriz Playa & Spa, y de 27,8 a 47,6 millones de euros en el caso del Hotel Beatriz Costa & Spa.

El peligro para la compañía no ha terminado todavía. El segundo proceso judicial iniciado por el acreedor está pendiente de resolución judicial, a lo que habría que añadir, el daño reputacional que conlleva el situar a la compañía como morosa, pero a pesar de ello, las actuaciones hasta abril de 2025 demuestran la continuidad operativa y la solvencia de la compañía de la que dependen 325 empleos directos.

Por último, es bueno recordar que hay razones para ser optimistas ya que los jueces aplican la normativa con criterio y sentido de la responsabilidad.