Los desafíos del nuevo ciclo fiscal en Estados Unidos

En los primeros 100 días de la administración Trump 2.0, los mercados han mostrado movimientos interesantes y, en ocasiones, contradictorios. Aunque los titulares se han centrado en temas como los aranceles, la confianza en el dólar y las dinámicas geopolíticas, los analistas han comenzado a poner el foco en los recortes de impuestos prometidos, un elemento clave de la agenda económica del presidente. El buen desempeño de los mercados estadounidenses a finales del año pasado se apoyó en la promesa de reducir el impuesto de sociedades del 21% al 15%. Sin embargo, esta promesa ha ocupado un lugar secundario en el debate público desde el inicio de la nueva administración.

La semana pasada, el Congreso dio un paso importante al aprobar un presupuesto unificado. Este movimiento, aunque técnico, es esencial para el proceso de reconciliación presupuestaria, que permite que un proyecto de ley sea aprobado en el Senado con una mayoría simple de 50 votos. Esto es crucial, ya que los republicanos solo cuentan con 53 escaños. Aunque este avance técnico allana el camino, las negociaciones que se avecinan serán complejas y pondrán a prueba la capacidad política de la administración. El presupuesto fija un límite de 5,65 billones de dólares para la legislación fiscal, pero deja sin resolver cuestiones clave como qué recortes de impuestos se implementarán, cómo se financiarán y si las disposiciones fiscales de 2017 se extenderán o se harán permanentes.

La reciente aprobación de un arancel mínimo del 10% ha complicado los presupuestos corporativos, y la no prolongación del impuesto de sociedades podría impactar gravemente las cuentas de las empresas estadounidenses. Este escenario no se ha tratado los informes financieros del primer trimestre. Como si todo el mundo diera por hecho que va a suceder. Pero, ¿qué sucedería si no se aprueba? La reacción del mercado podría ser profundamente negativa.

En cuanto a la financiación de los recortes, el debate se perfila como uno de los más controvertidos. Se han considerado opciones como recortes significativos en programas como Medicaid, ajustes en la asistencia alimentaria y cambios en las exenciones fiscales corporativas. No obstante, las mayorías ajustadas en el Congreso dificultan implementar modificaciones profundas. Este equilibrio entre ambición y viabilidad política será un tema recurrente en las próximas semanas.

Un factor que ha aliviado la presión fiscal del gobierno es el notable aumento en la recaudación tributaria. En el último año, los ingresos fiscales correspondientes a nuestro IRPF han crecido un 15% respecto al periodo anterior, proporcionando al Tesoro un respiro inesperado. Este incremento permite postergar la necesidad de elevar el techo de la deuda hasta agosto o incluso octubre, dando al Congreso más tiempo para negociar. Sin embargo, este margen no elimina el desafío de fondo: alinear la extensión del techo de la deuda con las reformas fiscales propuestas.

A pesar de la incertidumbre, algunos elementos del paquete fiscal parecen más claros. Entre las posibles medidas se incluyen la eliminación de impuestos sobre horas extras y propinas, un aumento significativo del crédito fiscal por hijos y nuevos incentivos para la compra de vivienda y la fabricación local. Estas propuestas buscan no solo estimular la economía, sino también aliviar la carga fiscal de los hogares. Por otro lado, es probable que se incrementen ciertos impuestos, como el aplicado a las recompras de acciones, mientras que otros, como las exenciones fiscales para universidades con grandes endowments, podrían revisarse. También se espera un aumento en el presupuesto de defensa y en los fondos destinados a la seguridad fronteriza.

El éxito o fracaso de estas negociaciones tendrá un impacto significativo en los mercados financieros. Una reforma fiscal pro-crecimiento podría impulsar el sentimiento económico y reavivar los niveles de inversión empresarial, especialmente si se vincula a la extensión del techo de la deuda sin sobresaltos. Sin embargo, persisten riesgos importantes, como la posible ampliación del déficit fiscal y el efecto inflacionario que podrían generar ciertos recortes de impuestos. Los aranceles, que se han mantenido altos en sectores clave como el automotriz y el tecnológico, podrían aportar ingresos adicionales al Tesoro, ayudando a mitigar parcialmente el impacto presupuestario. No obstante, estos ingresos dependen en gran medida de un consumo robusto, algo incierto en un contexto donde los datos económicos apuntan a una desaceleración.

El camino hacia una reforma fiscal integral será arduo y estará lleno de compromisos políticos. Si bien es tentador para cualquier administración priorizar los recortes de impuestos y los estímulos fiscales, la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo no debe ser ignorada. Lograr un equilibrio entre ambas prioridades será esencial para mantener la confianza del mercado y garantizar que las políticas fiscales contribuyan de manera efectiva al bienestar económico del país. La gran incógnita es si el Congreso y la administración estarán a la altura de este desafío histórico. Cualquier ruido que podamos ver, supondrá nuevas turbulencias en los mercados de renta fija americanos y nuevos máximos en el oro.