España necesita activar la financiación privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras públicas

Han pasado ya más de siete años desde que SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) ideo el denominado PIC (Plan de Inversión en Carreteras). El plan consistía en la movilización de 5.000 millones de euros del sector privado para acometer inversiones necesarias en la red de carreteras del estado. Las 20 actuaciones previstas incluían mejoras de capacidad, seguridad, accesos a ciudades, etc. Este plan finalmente no se materializó por dos motivos:

1) La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017)

2) La reticencia del Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) a aplicar el contrato de concesión de obra pública.

La ley de desindexación del año 2015 y su conexión directa con la Ley de contratos del sector público en su artículo 29.9 viene a limitar la rentabilidad de las concesiones a un valor equivalente al bono del tesoro público español a 10 años + 2%, en la actualidad 5,5%, lo que indudablemente inhabilita la utilización del contrato de concesión. Una rentabilidad del 5,5% no es de mercado cuando la empresa privada asume los riesgos de demanda y/o suministro, construcción (precio y plazo), conservación, explotación, financiación e inversiones para adaptar la infraestructura al progreso. Siendo consciente de las dificultades que suponen hoy día aprobar y/o modificar una ley, el RD 55/2017 en su artículo 10 otorga a la ministra de Hacienda la potestad para modificar la rentabilidad del 5,5% y adaptarla a la realidad de los riesgos que asume un inversor en el desarrollo y operación de un proyecto de infraestructuras.

Los últimos acontecimientos mundiales han provocado que los lideres europeos apuesten firmemente por priorizar la inversión en defensa. La comisión europea ha propuesto recientemente el plan "ReArm Europe". Este plan pretende movilizar 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años para fortalecer las capacidades militares del continente. Ya hemos escuchado al presidente del gobierno decir que en ningún caso las inversiones en defensa provocaran recortes en el gasto social, es decir, pensiones, educación, sanidad y desempleo. El nuevo plan de inversión en defensa europeo iría unido a una flexibilización de las normas de consolidación fiscal de la UE, o lo que es lo mismo, que estas inversiones no computen a efectos de endeudamiento y objetivos de déficit de los países miembros.

¿Qué suele ocurrir en estas situaciones? Pues que los recortes que, tarde o temprano son necesarios, suelen recaer en la inversión en infraestructuras (transporte, agua, energía, etc.). Anticipándonos a lo que se viene en los próximos años, las administraciones públicas en sus distintos niveles (estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) deberían tomarse en serio la financiación privada de las infraestructuras. España no debería iniciar una nueva década de recortes en infraestructuras como la sufrida entre los años 2010 y 2020. Las consecuencias son devastadoras a nivel de empleo, calidad de nuestros servicios públicos, descapitalización de grandes grupos empresariales y descomposición de uno de los sectores profesionales que más alegrías le dio a este país en años no muy lejanos, el sector de la construcción. La fórmula para evitar otra década pérdida está en la utilización del contrato de concesión, o lo que es lo mismo la participación del sector privado en la financiación de las infraestructuras, con la ventaja de que las inversiones no computan como déficit y deuda pública, siempre que los riesgos estén adecuadamente distribuidos entre el sector público y el privado. Aunque escribo estas líneas con cierto escepticismo a que obtengan algún eco entre los que realmente tienen el poder para llevar adelante planes de inversión como los aquí demandados, la mayor virtud que sin duda nos enseñaron en las escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos fue a no rendirse, es por ello que reitero la necesidad de habilitar nuevamente las concesiones de infraestructuras y lanzar bajo su paraguas nuevos planes de inversión estratégica en materia de transporte, agua y energía.

Sería un error pensar que en España no son prioritarias nuevas inversiones en infraestructuras porque ya está todo hecho. Es cierto que disponemos de la red de vías de alta capacidad más extensa de Europa con más de 17.000 kilómetros, somos el segundo país del mundo con más kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria en operación solo por detrás de China, tenemos una red de puertos y aeropuertos de primer nivel, más de 350 embalses con una capacidad de almacenamiento de 56.000 Hm3, 700 plantas desaladoras, más de 2.000 estaciones depuradoras de aguas residuales, etc. y a pesar de poder sacar pecho de todo lo anterior necesitamos seguir invirtiendo y mejorando las infraestructuras para la prosperidad del país. No apostar por ello supone echar a perder el patrimonio ya construido, empeorar la calidad de nuestros servicios públicos y la seguridad de nuestros ciudadanos.