Mal uso del fondo de emergencia

La Seguridad Social ha utilizado desde 2012 hasta 2024 un total de 3.896 millones del Fondo de Contingencia para cubrir el gasto extra en dependencia, pensiones, prestaciones, pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y clases pasivas (las nóminas de los funcionarios jubilados antes de 2011). Este dinero supone restar anualmente más del 10% de la dotación de este fondo que es la principal herramienta del Estado para hacer frente a gastos que no puede predecir.

Este vehículo permite así reducir la incertidumbre y está destinado a cubrir necesidades de carácter no discrecional, como los gastos generados por el Covid y la DANA o las sentencias contrarias al Estado. Pero en ningún caso el Fondo de Contingencia debería ser utilizado para financiar gastos o actuaciones derivadas de decisiones de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria. El problema es que esto último es justo lo que se está haciendo desde hace años. Así lo asegura la AIReF, que en uno de sus últimos informes denuncia que, de media, el 43% del dinero es destinado a gasto previsible. Es decir, se utiliza para gastos recurrentes que no suponen imprevistos. De esa partida, las operaciones para el mantenimiento de la paz se llevan la mayor parte, pero los datos evidencian que las pensiones y el IVM también se comen parte del Fondo de Contingencia. Urge terminar con el mal uso que se está dando en estos momentos a un dinero que es fundamental para hacer frente a desembolsos imprevistos. Utilizarlo para camuflar el insostenible sistema de pensiones, como es el caso, deja al país en una posición de desventaja a la hora de hacer frente al grave impacto de catástrofes naturales o a pagos inesperados.