Trabas que asfixian a las empresas

"Protegemos a las personas trabajadoras" es el lema en el que el Gobierno insiste desde finales del pasado octubre, con objeto de poner en valor medidas como la recuperación de los Ertes por fuerza mayor para las zonas afectadas por la DANA. Ahora bien, la necesaria atención a las plantillas no tiene por qué hacerse en perjuicio de las empresas que las sostienen.

Sin embargo, ésta es la estrategia por la que se decanta el Ministerio de Trabajo. Solo de este modo se explica que, dos meses después de la tragedia, menos de un 10% de las pymes y autónomos afectados –en torno a 30.000, según las fuentes más fiables del sector– haya solicitado este tipo de expedientes. El porcentaje es también exiguo en lo que respecta a la petición de la ayuda por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

En el caso de los Ertes, resulta especialmente claro que el blindaje contra el despido impuesto por Trabajo, que declara nulo cualquier ajuste de plantilla y obliga a la total devolución de las ayudas económicas recibidas, pone en serios apuros a las firmas. Este tipo de vetos ya planteó problemas jurídicos en los años del Covid, por atentar frontalmente contra la libertad de empresa. Ahora, las dificultades se multiplican, si se considera que negocios que han perdido todo su stock de existencias, y que pueden tardar meses –si no años– en recuperar su nivel de actividad ordinaria la misma plantilla, como si la DANA no hubiera existido. Unas trabas administrativas tan desproportendrán, además, que mantenercionadas como éstas solo agravarán, en el corto plazo, la ya crítica situación de las empresas de la zona cero del temporal y dificultará todavía más su supervivencia futura.