Más presión al contribuyente

El próximo 31 de diciembre finalizan las deducciones para reformar la vivienda o comprar un coche eléctrico. Pero también decae parte del escudo social que el Gobierno impuso para hacer frente a la crisis de la inflación, lo que encarecerá algunos productos básicos para los consumidores.

Es el caso del aceite de oliva y girasol, el pan, la leche, los huevos, la pasta y la fruta, cuyo coste subirá tras el fin de las rebajas del IVA. Lo mismo ocurre con la luz, donde este impuesto regresa a su nivel habitual del 21% en todos los casos. La caducidad de estas subvenciones es comprensible en un contexto en el que los precios están mucho más normalizados.

Pero al Ejecutivo no le basta con ello y también impulsa una batería de subidas impositivas que entrarán en vigor en 2025. Algunas de ellas, como el aumento del tipo de IRPF para grabar las rentabilidades del ahorro si se superan los 300.000 euros, castigan a colectivos que siempre están en el foco de las políticas recaudatorias del Ejecutivo, como es el caso de las rentas altas. Lo mismo ocurre con las grandes empresas a las que se elevará el castigo a través de Sociedades.

Pero Hacienda también incrementará la presión sobre la práctica totalidad de los contribuyentes con la tasa de basuras, que hará que cada hogar pague entorno a 165 y 200 euros más al año. Se trata en definitiva de una batería de medidas fiscales que retrae recursos para consumir e invertir. Una voracidad impositiva que confirma la estrategia de los Gobiernos de Pedro Sánchez de exprimir a los contribuyentes con el único objetivo de mantener la fiesta del gasto público. Ello pese a que los continuos récords de recaudación que se están logrando por la propia mejoría de la economía y el empleo deberían bastar para reducir el déficit y la deuda.