El alto coste de la reforma fiscal

El Gobierno recuperó a última hora la mayoría del bloque de investidura para sacar adelante su reforma fiscal. Es cierto que algunas de las medidas incluidas, como los gravámenes a socimis, seguros privados y diésel, decaen definitivamente.

Pero también es verdad que el Congreso aprueba parte del paquete fiscal incluyendo, la modificación de Sociedades introducida por el exministro Montoro en 2016, el gravamen a los vapeadores, las mayores tasas al tabaco y la subida de un punto del tipo máximo del IRPF al ahorro. Asimismo, también sale adelante la extensión hasta 2027 y el endurecimiento de la tasa a la banca.

Y, por último, Moncloa se compromete con Podemos a prorrogar el impuesto para las energéticas "compatible con no gravar inversiones que comprometan la descarbonización", que es una exigencia de Junts. En definitiva, un cúmulo de medidas con la que se prevé elevar la recaudación en 4.500 millones y que, por otro lado, permite al Ejecutivo satisfacer el hito pendiente con la UE que desatasca el quinto tramo de fondos Next-Gen.

Asimismo, la reforma también sustenta la senda de reducción de déficit y deuda enviada a Bruselas. Pero la victoria política lograda por el Gobierno con esta reforma tendrá un alto precio para la economía a medio plazo. Vaya por delante que estas subidas de impuestos frenarán las inversiones y el consumo en un país que además, lidera el alza la presión fiscal en la OCDE en los últimos 13 años.

Pero en el caso concreto del impuestazo a la banca, se lastrará además la concesión de crédito y, con ello, la actividad. En última instancia, está por verse si el gravamen a las energéticas aún por definir, y que el Gobierno impulsa pese a prometer lo contrario al sector, no frena también los desembolsos previstos por las empresas.