Justicia civil europea y competitividad

La Declaración de Budapest ha puesto el acento en un nuevo pacto para la competitividad de las empresas europeas, a fin de consolidar el liderazgo económico de Europa. Valgan algunos datos, Europa es un Mercado único de 440 millones de consumidores y 23 millones de empresas, que representan alrededor del 17% del PIB mundial. En términos geopolíticos constituye la zona económica exclusiva más importante del mundo que cubre 17 millones de kilómetros cuadrados.

Europa, hasta ahora, ha venido desarrollado un modelo económico que se define como abierto en cuanto a lo largo de su evolución aúna un alto grado de competencia interna con instrumentos dirigidos a erradicar la pobreza y distribuir la riqueza.

El respeto a los Derechos humanos y los bajos niveles desigualdad caracterizan el especio social europeo, que el reciente informe Draghi (The future of the european competitiviness) comprueba se sitúa diez puntos por encima de USA, con un claro liderazgo en esperanza de vida; baja mortandad infantil y grandes logros educativos con un tercio de adultos –zonificado– que ha completado la educación superior. La UE también es líder mundial en sostenibilidad y normas medioambientales y ha realizado en la última legislatura grandes progresos hacia la economía circular, respaldada por los objetivos globales de descarbonización.

Todo ello hace de la europea una sociedad y una economía en la que el control jurídico de la rule of law se erige en un elemento esencial, ligado a la correcta aplicación de los valores europeos, como la defensa de la democracia y los derechos humanos que se plasman en la Carta de derechos y libertades de la Unión, y en la más reciente Carta de derechos digitales (enero 2023)

Europa, en el ámbito de la Justicia civil, centra sus objetivos en leyes (reglamentos) orientados a la persona y a la competitividad. También aspira a ser líder en la economía de datos y en IA, materias en la que desarrollan estrategias a medio plazo.

Desde el Tratado de Ámsterdam, hace ya más de 25 años, se ha creado en el ámbito de la Justicia civil un Corpus iuris sistemático dirigido a mejorar el acceso a la Justicia de los ciudadanos europeos en todas las áreas: procesal, empresarial o en las reglas de ley aplicable dirigidas a mejorar la calidad de vida y libre circulación de las personas en materia de sucesiones, alimentos, familia y recientemente filiación y protección de adultos.

Estos fundamentos civiles no son tan evidentes hoy en las áreas digitales, a excepción del Derecho contractual y de la responsabilidad extracontractual derivados de la IA, quizás el mayor desafío tecnológico y jurídico que se enfrenta la UE tras la publicación del R. (UE) 2024/1689.

La implementación integral del Paquete de Digitalización (Europa digital 2030) es un elemento clave para mejorar la competitividad jurídica de la Unión Europea y sus Estados miembros, en consonancia con los objetivos más amplios de la estrategia de e-Justicia.

La coherencia del acquis requiere una especial atención en el nuevo escenario de la transformación digital en la Justicia, tanto respecto de las normas ya en aplicación como en las nuevas iniciativas (filiación y protección internacional de adultos).

En este contexto, la Comisión europea desarrolla actualmente una nueva estrategia común en todas sus áreas de trabajo dirigida a mejorar la competitividad de la Unión europea. Singularmente considera que la Justicia civil debe ser una herramienta que permita alcanzar un mayor grado de competitividad frente a otras potencias o áreas mundiales.

El próximo Consejo JAI de diciembre 2024 analizará cómo la Justicia civil puede contribuir a su mejora. Se propone un compromiso que conlleve: a) prestar atención a las consideraciones de competitividad al negociar instrumentos, incluso durante los diálogos tripartitos; b) simplificar y facilitar la redacción del Derecho de la UE y eliminar duplicidades, discrepancias e incoherencias; c) garantizar la coherencia del Derecho de la UE en materia de cooperación civil, respecto de las propuestas legislativas en otros ámbitos de la Unión; d) realizar mayores esfuerzos para garantizar un acceso más efectivo a la justicia para todos y mejorar el reconocimiento mutuo facilitando la ejecución de las resoluciones, teniendo en cuenta la aplicación de la jurisprudencia del TJUE.

Cabría añadir, que debe incrementarse la celeridad en la resolución de los conflictos y su ejecución, especialmente esta última en el ámbito extrajudicial. Y además de análisis interno, el enfoque multilateral es elemento esencial de la cooperación internacional en el ámbito de la justicia civil.

La UE cada vez trabaja más estrechamente con las organizaciones multilaterales clave en este ámbito, es decir: la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la CNUDMI, UNIDROIT, el Consejo de Europa y la OMPI.

Estas reflexiones demuestran –como ya en 2019 fue puesto de manifiesto por el Consejo JAI– que debe priorizarse la aplicación y el cumplimiento uniforme y eficaz de la legislación vigente de la Unión, realizando una evaluación exhaustiva de su aplicación y funcionamiento –para lo que son instrumentos especialmente útiles la red judicial y e-Justice–. Cualquier nueva iniciativa legislativa debe basarse en una evaluación de impacto pormenorizada que pruebe un claro valor añadido para los ciudadanos y las empresas.

En resumen, la clave es garantizar la seguridad jurídica. Un entorno jurídico predecible es indispensable para la competitividad económica, proporcionando un mejor acceso a la información legal, a la vista de las características nacionales de los Estados miembros y las diversas tradiciones constitucionales y jurídicas.

Europa debe legislar menos y mejor; procurar un mayor conocimiento normativo en los operadores y dotar de soluciones rápidas y eficaces a los eventuales conflictos, especialmente en el ámbito inversor.