Déficit de vivienda en alquiler social

El número de personas que reside en una vivienda arrendada se sitúa en torno a los 9 millones, lo que supone 3,3 más que en 2007. Este aumento de la demanda en España se ha absorbido a duras penas con la incorporación de más de 1,3 millones de viviendas al mercado, pero fenómenos como el alquiler de temporada o los pisos turísticos merman la oferta.

Esta falta de pisos es la razón que explica que el precio de las rentas esté en máximos (suben entre un 7% y un 10% anual en la última década), lo que convierte el acceso a la vivienda en uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos. A ello ha contribuido especialmente que la producción de vivienda protegida (VPO) ha caído en picado tras el estallido de la burbuja, lo que ha generado un déficit de pisos sociales destinados al alquiler que los expertos cifran en unas 350.000 unidades. La razón de ello reside en la inacción política en los últimos diez años.

Esto ha provocado una situación crítica para la población que se enfrenta a un mercado de vivienda cada vez más inaccesible. La solución a este problema no está en medidas intervencionistas que han fracasado en Europa, como el tope en los alquileres que retrae aún más la exigua oferta existente al expulsar a los propietarios del mercado.

Tampoco en promesas electorales imposibles cumplir, como los 184.000 pisos que Pedro Sánchez anunció el pasado año y de los que solo se han construido 224. Muy al contrario, la única respuesta al problema del alquiler pasa por eliminar trabas burocráticas y alcanzar acuerdos entre los partidos políticos y entre el Gobierno central y las autonomías. Solo así se impulsará de una vez por todas el ridículo parque de vivienda pública de alquiler social, que supone solo el 1% del stock total de pisos frente al 7% de la OCDE.