Opinión
El concierto para Cataluña y la subida masiva del IVA
- Puede convertirse en un agujero negro del fraude
- Hay que reducir la propuesta por exigencia de las nuevas reglas fiscales europeas
Francisco de la Torre Díaz
La denominada "financiación singular" para Cataluña pactada entre el PSC y ERC supondrá, de llevarse a cabo, el cambio económico (y político) más significativo desde 1978. El pasado miércoles, El Economista abría con la noticia de que este concierto económico para Cataluña obligará a eliminar los tipos reducidos del IVA en lo que supondría la mayor subida de este impuesto de la historia de España. Evidentemente, cualquier aumento de la financiación de la Generalitat, y en el acuerdo PSC-ERC se pacta un aumento "sustancial", implicaría un aumento de impuestos y/o una reducción sustancial de gastos en el resto de España para mantener el actual nivel de déficit, que ya es demasiado elevado, y que debemos reducirlo por exigencia de las nuevas reglas fiscales europeas.
Si se opta por subir impuestos, sólo hay dos opciones reales, el IVA y el IRPF. En lo que se refiere a este último impuesto, la realidad es que no ha dejado de subir desde hace unos años por efecto de la inflación, ya que no se ha adaptado ninguno de sus elementos estructurales a unas tasas de inflación muy elevadas en los últimos años. Probablemente, el IVA fuese el primer candidato para pagar la factura que supondría el concierto para Cataluña. La razón es que la tasa implícita sobre el consumo en España es la menor de Europa desde 2006, y es de una 14,2% casi tres puntos por debajo de la media europea (17,1%) según el último informe anual de fiscalidad de la Comisión Europea. Esta es la brecha de impuestos, los del consumo, IVA y también carburantes, alcoholes y tabaco más importante que tenemos con Europa. Esto se palía con tipos efectivos cada vez más altos en el IRPF, y un mejor cumplimiento en el IVA.
Con este panorama, hay dos previsiones específicas respecto del IVA en el acuerdo de concierto para Cataluña entre el PSC y ERC. Merece la pena explicarlas porque indican lo que nos podría esperar de las consecuencias de este acuerdo, cuyo "cumplimiento íntegro" ha estado "garantizando" dirigentes socialistas y nacionalistas.
Empecemos por el segundo acuerdo pactado, que estable lo siguiente: "IVA arrendamientos turísticos: Cuando se apruebe la Directiva europea, se establecerá en la ley del IVA un sistema de opción para que Cataluña pueda decidir la aplicación del impuesto a los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte, lo que permitirá determinar cuál es el régimen de atribución de la recaudación más oportuno." Como señala, acertadamente, el acuerdo, hay que esperar la directiva para que los pisos turísticos tengan que pagar IVA. Esto parece bastante sensato porque si son una competencia de los hoteles, que sí repercuten el IVA, es razonable que todos estos servicios tengan el mismo tratamiento fiscal.
Ahora bien, la sensatez termina aquí. Lo que sistemáticamente establecen las directivas de IVA es una base común, especialmente en el territorio de aplicación de IVA de los Estados. Esto quiere decir que, en España, o la sanidad privada está exenta (como en casi toda Europa) o que esté parcialmente limitada en los términos de la directiva. Lo que no puede ser es que, en una parte del territorio donde se aplique el IVA, esté exenta y en otra no. En otros casos, los más frecuentes, como, por ejemplo, la actividad financiera, no hay opción, tiene que estar exento.
Y para poder modificar esto, hay que hacer como el Reino Unido y salirse de la Unión Europea, y no estar sujeto ni las directivas ni tampoco a la jurisprudencia armonizadora del Tribunal de Justicia. Si éste es el respeto que se tiene a la normativa europea, único límite claro a la competencia normativa en materia de impuestos de la Generalitat, da temor ver cuál puede ser la competencia fiscal que puede realizar Cataluña con más herramientas y más recaudación. En función de lo que "decida" Cataluña, se repartirá la recaudación. Lo que indica esta cláusula es que se quiere dar a Cataluña un tratamiento de Estado, al menos en lo que afecta al IVA, siempre que a Cataluña le interese.
El otro acuerdo sobre IVA es puramente recaudatorio, ya que establece la atribución de la recaudación del IVA de las pymes en función del domicilio y no de los índices de consumo. El 50% de la recaudación del IVA se reparte, una vez realizados los ajustes forales, en función de unos índices de consumo que calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE). Como el IVA grava el consumo y no la producción, este criterio de reparto es el único que tiene sentido. Pues bien, según la estadística recaudatoria de la Agencia Tributaria, en Cataluña se recauda el 19,48% del total del IVA. Pero, en el reparto del 50% de IVA autonómico a Cataluña le corresponde, por consumo, el 19,75%. Seguramente al lector no le sorprenda, pero el porcentaje de IVA de pymes recaudado en Cataluña es muy superior al 19%, ya que es de un 25,38% del IVA de pymes recaudado en territorio común (sin incluir País Vasco y Navarra).
Como el total de IVA recaudado por la Agencia Tributaria del Estado fue de 20.912 millones, la diferencia a favor de Cataluña sería el 5,63% (25,38%-19,75%) de esos casi 21.000 millones, es decir 1.182 millones de euros. No es que la cuantía sea inasumible, pero no tiene sentido económico y supondría una "solidaridad" por la puerta de atrás con Cataluña del resto de los habitantes de España, que, de media, son menos ricos. Por supuesto, si Cataluña recauda menos, como en el caso de las grandes empresas, aquí sí hay que repartir en función del consumo. En esto de los ajustes de IVA, el acuerdo ERC- PSC se parece, como en todo lo demás, al régimen foral vasco-navarro. Por supuesto, como decía Einstein, no se puede esperar distintos resultados de hacer las mismas cosas. No se puede esperar equidad, solidaridad ni sentido económico de un acuerdo, que como el concierto vasco y el convenio navarro se basan en dar la llave de la caja a las administraciones forales.
Por último, si se trocea la Agencia Tributaria para dar la llave de la caja a la Generalitat, lo más que se puede esperar son los resultados recaudatorios que tienen los territorios forales. Pues bien, según los últimos datos disponibles, los de 2022, en España se ingresaron por IVA 91.184 millones de euros. De ellos, antes de ajustes forales, fueron 86.553 millones en la AEAT, el 94,92% del total. Por otra parte, se ingresaron 4.230 en las tres Diputaciones Vascas, el 4,64% de la recaudación, y, por último, 400 millones en Navarra, el 0,44%. El consumo interior en el País Vasco fue del 5,41% y el de Navarra el 1,55%. Pues bien, Navarra con la eficacia recaudaría media de la Agencia Tributaria debía haber recaudado un 1,55% de 91.184 millones, es decir, 1.413 millones, pero recaudó efectivamente 1.000 millones menos, que luego fueron más que compensado por IVA ingresado en el resto de España por 1.256 millones de euros.
Para que nos hiciésemos una idea de lo que supondrían estas cifras en un concierto en Cataluña, habría que multiplicarlas por doce aproximadamente. Navarra recaudó un 28% del IVA de lo que le correspondería según su consumo, y eso que las grandes empresas ingresan directamente allí en porcentaje de su cifra de negocios. Por eso, el 82% de la recaudación de IVA de Navarra proviene del resto de España. Si algo similar pasase en Cataluña, entonces faltarían 12.000 millones, y un ajuste similar al navarro sería de unos 15.000 millones. Y estamos hablando, en el caso de Navarra de una Administración Tributaria que lleva gestionando el IVA desde 1986, no de la Agencia Tributaria de Cataluña que nunca lo ha hecho.
Cuando mis compañeros de la Asociación de inspectores de Hacienda señalan que un régimen de cupo, concierto, o financiación singular puede convertirse en un agujero negro del fraude hablan por experiencia y por haberse mirado las cifras. Volviendo al principio, que haya que subir masivamente impuestos, especialmente el IVA, para garantizar la mejor prevista en la financiación de Cataluña parece una mala idea, pero la realidad podría ser aún peor, que eso sólo sirva para tapar el agujero negro del fraude. El sistema fiscal y la financiación autonómica necesitan una reforma, pero no ésta que va en sentido contrario de lo que necesitamos.