Coto a los despidos pactados

Los abogados laboristas han detectado una tendencia al alza de los denominados acuerdos de jubilación. Se trata de despidos pactados de forma individual entre la empresa y un trabajador que está cerca de su edad de retiro. Con ello, ambas partes simulan un cese improcedente que les beneficia. Por un lado, el empleado percibe su correspondiente indemnización por despido que, además, no tributa a menos que supere 180.000 euros. Por si fura poco, el cese le permite cobrar el desempleo durante dos años y encadenarlo directamente con la jubilación.

La empresa, por su parte, se deshace de un trabajador que cobra un elevado salario y al que puede sustituir por personal más joven al que pagará una menor remuneración. La Agencia Tributaria ya lanzó hace un año una campaña masiva de controles sobre este tipo de despidos improcedentes con sospecha de esconder acuerdos entre empresa y trabajador para obligar a su tributación. Y ahora es el Ministerio de Trabajo quien trata de frenar la tendencia al alza en este tipo de pactos mediante un incremento de las inspecciones. La legislación laboral regula este acto como incumplimiento muy grave lo que acarrea sanciones que van desde 7.501 euros hasta 225.018 euros.

Además, la empresa respondería directamente por la devolución de las cantidades percibidas indebidamente por el trabajador. Poner coto a este tipo de prácticas es adecuado. Primero porque este tipo de despidos acordados son ilegales. Y segundo porque la marcha antes de tiempo de un trabajador pactada con la empresa supone un menoscabo en los ingresos que recibe Hacienda y la Seguridad Social por la vía de impuestos y cotizaciones sociales del empleado y la empresa. Se trata por tanto de unas prácticas que deben erradicarse.