El error de asfixiar a las rentas altas

Casi la mitad de las comunidades autónomas presenta tipos máximos de IRPF, que igualan o superan el 50% en 2024. Se trata de niveles que, de acuerdo con los estándares de la OCDE, equivalen a una "exacción fiscal".

En términos aún más claros, su impacto sobre el contribuyente es confiscatorio. Se trata de un abuso del que, en primer lugar, son responsables los Gobiernos regionales que llevan al extremo su capacidad de elevar el tipo máximo del tramo autonómico en el Impuesto sobre la Renta. Esa política, sumada a los gravámenes mínimos a las rentas más altas que Hacienda marca para todos los territorios, da lugar a tipos inauditos como el 54% –el cuarto más alto de toda la UE– ahora vigente en la Comunidad Valenciana, a cuya corrección se ha comprometido el Ejecutivo del presidente Mazón.

Pero el actual Gobierno central es el principal responsable de lo que ya es una ofensiva sin parangón contra este tipo de contribuyentes. El ataque tiene repercusión, en primer lugar, en el IRPF, con medidas como el alza de la tributación de las rentas de capital, vigente desde 2023. Continúa a través de los pagos a la Seguridad Social de los salarios más altos, cuya base máxima de cotización crecerá todos los años con la inflación, más un recargo adicional de 1,2 puntos, sin dar derecho a un alza proporcional de las pensiones.

La ofensiva termina con los planes de Hacienda de crear un tipo armonizado de Sucesiones y Donaciones, que conviva con el Impuesto de Patrimonio y la tasa a las grandes fortunas recientemente creado. Acorralar de este modo a las rentas altas, por anacrónicos motivos ideológicos, constituye un error que destruirá la capacidad de España de atraer inversiones y talento de alta cualificación.