La marca blanca del nacionalismo

Habemus Govern. Y habrá que darle al menos los cien días de confianza. Pero los orígenes, los inicios y los condicionantes no invitan precisamente a la esperanza porque poniendo una vela a la moderación y otra al independentismo, Salvador Illa presentó un gobierno que lejos de ser el primer gabinete constitucionalista y español como presumen los acólitos de Sánchez, sólo apunta a ser la marca blanca del nacionalismo, que no otra cosa ha sido siempre el PSC.

Un nacionalismo light, menos radical en los tiempos y en las formas, pero con idéntico objetivo que los puigdemones de Junts y los republicanos de ERC: expulsar de Cataluña a España y a las instituciones del Estado.

Ni la bandera española en el acto que, recordemos, si estuvo presente en la investidura de Tarradellas, ni una palabra en castellano en el discurso del nuevo presidente de un gobierno autonómico catalán en el que algunos se declaran abiertamente separatistas como Francesc Xavier Vila que será el conseller de política lingüística. Otros que han abjurado del Procés, pero siguen siendo nacionalistas, como Miquel Sàmper responsable de Trabajo o el asesor Ramon Espadaler. También los hay quienes, como Jaume Duch, conseller de Exteriores no son ni soberanistas ni de izquierdas. Y no faltan los que, aunque socialistas fueron contrarios a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como la consellera de Interior Núria Parlón.

En este último grupo se incluye también a Alicia Romero, la consellera de Economía y hasta ahora portavoz del PSC en el Parlament. Mano derecha y persona de la máxima confianza de Salvador Illa tiene fama de dialogante y experiencia en la negociación consiguió dos acuerdos presupuestarios con el Govern de Pere Aragonés, a quien logró arrancar los compromisos de construcción de la Ronda Norte, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el macrocomplejo de ocio del Hard Rock. Ella será la encargada de negociar la soberanía fiscal pactada, aunque con escaso o ningún margen de maniobra porque la portavoz del nuevo ejecutivo catalán, Silvia Paneque, ya se ha encargado de decir públicamente que "el acuerdo que tenemos es claro y lo seguiremos al pie de la letra".

Expresiones como "la nación catalana dentro de la España plurinacional" o la defensa de la lengua como "columna vertebral de la nación catalana", junto con la reclamación de la amnistía para Puigdemont o el pacto para el concierto económico, que no es otra cosa que la independencia fiscal de Cataluña rompiendo el principio constitucional de igualdad entre los españoles, además de la condonación de los 15.000 millones de deuda de Cataluña con el Estado son fieles indicadores de por donde va el gobierno de Illa. Postulados que no figuraban en el programa electoral de los socialistas catalanes, pero sí en el de Ezquerra Republicana.

Un gobierno catalán tutelado por los independentistas de ERC que tienen la llave de la gobernabilidad en la comunidad autónoma como Puigdemont la tiene en la de España.

Y un gobierno que nace de un acto de corrupción política rindiendo España a quienes quieren destruirla a cambio de 20 votos, siguiendo el ejemplo de su jefe en La Moncloa.

Y un paso más en la degradación del Estado de Derecho, de la democracia y de la convivencia; con Pedro Sánchez de vacaciones y escondido; con un gobierno del Estado sin credibilidad, hiperdesgastado y cómplice del acoso y derribo de las instituciones; con un PSOE gregario y cobarde que ha dejado de ser socialista, obrero y español; con un Partido Popular que con todo su inmenso poder territorial podría estar perdiendo, una vez más, el control de los tiempos y el relato; con Vox dividiendo el voto del centroderecha y ejerciendo de tonto útil de Sánchez y, lo que es más grave, con la sociedad española anestesiada.