Presupuestos: Sánchez dispone y Puigdemont dispone

Lo tenían todo preparado para celebrar el aniversario de la derrota electoral del 23-J. Hasta Pedro Sánchez había encargado a su subalterna Paquita Armengol, que le convocara un pleno extraordinario del Congreso, cargado de asuntos de primer nivel, para intentar revestir la desnudez de un primer año de legislatura sin leyes. Sólo tres textos legislativos, incluida la amnistía inconstitucional, y cinco decretos en doce meses de desvarío parlamentario, polarización y vacío normativo y de gestión.

Pero como, ocurre desde ese cambalache de pactos antinatura y con los enemigos de España al que Sánchez se entregó para impedir el cambio que demandaba el resultado de las urnas y seguir durmiendo en La Moncloa, Pedro propone y Puigdemont dispone. Y ese pleno preparado a mayor gloria del inquilino monclovita sólo sirvió para que Puigdemont mostrara, una vez más que es él, desde Waterloo, quien de verdad manda en España y el que maneja los hilos de un gobierno virtual al que mantiene en la cuerda floja permanente y chantajea a su antojo, mientras Sánchez amnistía a los golpistas y riega de millones, privilegios y cesiones a Cataluña con el dinero y la humillación de su persona, del cargo que representa, de su partido y del resto de los españoles.

Y así lo que se había concebido como una jornada triunfal para un presidente agobiado por los investigaciones sobre presunta corrupción que enfangan a su entorno personal y a su partido, se convirtió en una tarde de frustración y de derrota. Ni reforma de la ley extranjería por la insolidaridad manifiesta de los nacionalistas catalanes a aceptar el cupo de menores inmigrantes que les corresponde, ni Presupuestos porque los chicos de Junts, la voz de Puigdemont en el Congreso, decidieron rechazar los objetivos de estabilidad que acompañan al techo de gasto para 2025 lo que deja en el aire las cuentas del Estado para 2025, después de que Sánchez tampoco pudiera aprobar los de este año.

Un "no es no" del delincuente fugado de la Justicia que desde el punto de vista político supone un aviso incontestable de que Junts hará inviable la legislatura en España si Salvador Illa es investido presidente de la Generalitat con el apoyo de ERC. "O presidentes los dos o ninguno" que fue el desafío de Puigdemont a Sánchez tras la derrota de los independentistas en las elecciones catalanas y que si mantiene en la negativa al Presupuesto obligaría a convocar elecciones generales o a prorrogar nuevamente las cuentas ya prorrogadas de 2023.

Que puede hacerse, sí; pero que desde la óptica de la economía supondría, en primer lugar, el bloqueo de la senda de déficit en el año en que entran en vigor las reglas fiscales de la UE, y la imposibilidad de adaptar los recursos del Estado a las nuevas realidades de un mundo cambiante provocando la paralización o el retraso de los nuevos proyectos de inversión, la revisión de las políticas fiscales, el aumento de la deuda y el recorte y empeoramiento de los servicios públicos en transportes, sanidad y educación, además de una merma sustancial en prestaciones sociales..

Todo esto en un país con una deuda pública que supera los 1,57 billones de euros el 107% del PIB, que nos sitúa entre los países más endeudados del mundo. Con una inversión en caída libre que está 3 puntos por debajo de 2018, donde no se ha recuperado el poder adquisitivo anterior a la pandemia y la renta per cápita está un 14% por debajo de la media europea, en el que los costes laborales han subido un 20% en los últimos cinco años mientras la productividad ha caído un 4,9 y en una España en la que viven hoy 12,1 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, con datos de Eurostat.

En definitiva, "una hostia al Gobierno (sic)" como definió sin sutilezas el ministro Urtasun, ante la que el personaje que habita en La Moncloa se ha apresurado a acudir a Barcelona a rendir pleitesía a la Generalitat, ceder al ejecutivo catalán la gestión del ingreso Mínimo Vital, y a allanar el camino para la independencia fiscal de Cataluña, la condonación de los 15.000 millones de la deuda con el Estado, y el referéndum de autodeterminación, atentando una vez más contra la Constitución y la igualdad entre los españoles. Al tiempo.