Un plan para despolitizar la Justicia

El acuerdo PP-PSOE para renovar el CGPJ es el mejor pacto que se podía obtener después de cinco años de desacuerdos entre los dos grandes partidos. De una parte, se cumple la Constitución, aunque sea con retraso.

Además, se delimita la división de poderes que hubiese saltado por los aires si el Gobierno de Sánchez, siguiendo los consejos de sus socios, hubiese dinamitado los porcentajes de votos exigibles para tomar acuerdos de calado en el órgano de Gobierno de los jueces. Se ha incluido el mantenimiento de los 3/5 de los votos de los vocales del CGPJ, tal y como exige la constitución, que son la mejor garantía que se podía ofrecer en un pacto de este calado. Se ha dado un cerrojazo a las puertas giratorias del Gobierno a las instituciones de Justicia, como es el caso de la Fiscalía General, órgano bajo la críticas de la Comisión Europea desde hace más de 20 años. Ministros, secretarios de Estado, consejeros de CCAA y alcaldes deberán esperar cinco años para ser elegibles, un auténtico seguro democrático.

La cuestión central del acuerdo es que la proposición de ley encargada a los nuevos integrantes del Consejo para reformar el método de elección de vocales del CGPJ que deberá tener en cuenta las reiteradas exigencias de Bruselas sobre el Estado de Derecho. La clave es que este texto tendrá que incluir, de manera expresa, un nuevo modelo de participación directa y de votación para que los jueces elijan a sus representantes.

El punto de partida del acuerdo garantiza una composición equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda, diez de ellos elegidos por cada una de las formaciones firmantes del acuerdo. Y no menos importante, porque es un seguro para la separación de poderes, es que la elección del presidente del CGPJ y del Supremo recae siempre en los veinte vocales, con un mínimo de votos favorables de doce consejeros.

La parte débil del acuerdo es que queda al albur de que se obtenga un texto con el apoyo de doce de los vocales, dos más de los que tiene cada formación, y que, después lo aprueben sin modificaciones Congreso y Senado. Si no, el pacto será papel mojado. Habrá que ver la voluntad política de unos y otros.