Falta un diagnóstico real del paro

Los datos de la Estadística de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023 revelan la existencia de más de un millón de personas sin empleo, pero que no encajan en la definición estándar de parados. La razón es que no buscan activamente empleo (lo que se conoce como desanimado) o no se encuentran disponibles para incorporarse a un puesto. Por este motivo se les considera como inactivos, es decir, quedan fuera de la población activa y, por tanto, no suman para la tasa de paro. Este criterio no lo fija el Gobierno español, sino la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y lo siguen los servicios de estadísticas de la mayoría de países del mundo. Lo cual no impide que muchos de ellos, como Eurostat en la Unión Europea o la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, publiquen información específica sobre estas personas.

Un ejercicio de transparencia especialmente relevante cuando la cifra que recoge el INE, pese a haberse reducido en los últimos años, sigue un 10% por encima de la que se registró a cierre de 2019. Pero el Ejecutivo ignora estos datos, como hace con todos los que ponen en perspectiva un relato excesivamente triunfalista de la evolución de un mercado laboral, que sigue siendo el único de Europa con una tasa de paro de doble dígito. Que además, todavía haya un millón de personas que han renunciado a buscar un empleo o que no pueden incorporarse a uno es señal inequívoca de que aún queda mucho por hacer para convertir a nuestro país en una economía empleadora a la altura, siquiera, de la media de los Veintisiete. Mientras el Gobierno se niegue a hacer un diagnóstico real, con todos los datos, seguirá siendo incapaz de afrontar ese desafío.