La amenaza fantasma

Es costumbre en democracia que a todo gobierno hay que darle 100 días de cortesía, y no seré yo quién se lo niegue al nuevo Ejecutivo del sanchismo. Pero, a la espera de acontecimientos, en una primera aproximación apunta a que parece un gobierno preocupante y diseñado más para la confrontación que para el diálogo y las soluciones a los graves problemas políticos, sociales y económicos de España.

Un gobierno que, además, sigue siendo elefantiásico manteniendo 22 ministerios, algunos de ellos que apenas merecerían una dirección general y que nos va a costar más de 175.000 millones de euros. El gobierno más caro de la historia, que triplica los 60.000 millones que costaron los gobiernos de Mariano Rajoy en un país con 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 3,2 millones de parados y en el que tener un empleo fijo no garantiza llegar a fin de mes.

Pero más allá de su coste lo más preocupante del gobierno son los tics nítidamente autoritarios que le adornan, especialmente con la fusión de Justicia y Presidencia en una sola cartera en manos de Félix Bolaños y que apunta a un asalto del poder ejecutivo, –que ya domina el legislativo– sobre el judicial, al más puro estilo del régimen bolivariano de Chávez y Maduro, acabando así con la división de poderes que es la esencia de las democracias y del Estado de Derecho.

Síntomas de autocracia que se acentúan también con la creación de un ministerio de Infancia y Juventud, que apunta más a un ministerio de adoctrinamiento y más con los antecedentes de la que ha sido elegida para desempeñarlo: Sira Rego, declarada leninista, apologista de Hugo Chávez y comprometida con los terroristas de Hamás.

Y preocupa también, y mucho, el continuismo de un equipo económico que en los últimos cinco años nos endeuda en 200 millones de euros cada día, con un déficit público que supera en casi dos puntos el límite exigido por Bruselas y que ha elevado el agujero de la Seguridad Social hasta 51.700 millones de euros, el 4% del PIB, y que se ha caracterizado por su hostilidad, hostigamiento a las empresas que son quienes crean empleo y riqueza, que ahuyenta la inversión y deteriora la imagen y la competitividad fiscal de España, que hoy se sitúa a la cola de la UE.

Una amenaza fantasma en forma de políticas y de personas manteniendo a una vicepresidenta primera interina a la espera de destino en el BEI, el ascenso de la peor ministra de Hacienda de la democracia, María Jesús Montero, caracterizada tanto por su voracidad fiscal como por su incontinencia verbal, la salida de José Luis Escrivá a un ministerio de segunda –podría ser el banquillo a la espera de relevar a Calviño si va a Europa– y la prolongación de Yolanda Díaz al frente de Trabajo.

La Yolanda autora de una contrarreforma laboral que mantiene a España como líder del desempleo de la UE, duplicando la tasa de paro de los Veintisiete, que lidera también el paro juvenil, que ha provocado una caída prolongada en la contratación –un 17,36% en los diez primeros meses–, que manipula las cifras del paro con los fijos discontinuo y, que ha multiplicado los llamados "contratos cerilla" en un país donde tener un empleo fijo no garantiza llegar a fin de mes.

Y todo ello cuando nos enfrentamos a un escenario de desaceleración económica, en el que la Comisión Europea acaba de definir la situación de la economía española como "muy complicada" por la situación de déficit y deuda, mientras recuerda el regreso al obligado cumplimiento de las reglas fiscales en el próximo ejercicio, lo que sólo se puede hacer de dos maneras: reduciendo el gasto o aumentando la fiscalidad.

Pues, prepárense: nos van a freír a impuestos. De momento ya se anuncian 14 subidas fiscales para el próximo ejercicio, que nos costarán 60.000 millones de euros para pagar subsidios y el peaje a los golpistas catalanes. ¡Qué nos pille confesados!, mientras esperamos esos cien días de cumplido atendiendo a los hechos más que a las declaraciones, como decía, Antonio Garamendi. Claro que, los primeros pasos, con la renovación de García Ortiz como Fiscal General del Estado incluida, no invitan precisamente al optimismo.