Aragón, Valencia y Baleares, con iguales derechos que Cataluña

Humillante, vergonzoso, infame, ofensivo, rendición, inconstitucional, contra la democracia y el Estado de Derecho, atentado a la unidad de España… Todo estos calificativos, y muchos otros de significado y contenido similar han llenado las páginas de los medios de comunicación independientes, de las asociaciones profesionales de toda índole, y de los analistas libres para definir el acuerdo pactado entre el PSOE y Junts, o lo que es lo mismo entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont, para la investidura -que no de legislatura- del candidato que pretende ganar vendiendo España lo que no pudo conseguir democráticamente en las urnas.

Pero, junto a todos estos atributos que le adornan, el acuerdo parte también de una falsedad histórica. Una más de las falacias que difunden los independentistas, cuando en la exposición de lo que llaman antecedentes aluden a "reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya".

Y cierto es que el decreto de Nueva Planta de Catalunya abolió la Generalitat, las Cortes Catalanas, el Consejo de Ciento y sustituí­a el virrey por un capitán general, pero es que las verdades a medias son también mentiras. En primer lugar porque la conocida como Guerra de Sucesión no fue un conflicto de Cataluña contra España como quieren pintarla los libelistas, sino un guerra entre dos aspirantes a la Corona de España, tras la muerte sin descendencia de Carlos II, y en la que los catalanes como la mayoría de los territorios que formaban el antiguo Reino de Aragón apostaron por el pretendiente Carlos de Austria, pero no como soberano de una Cataluña independiente, sino como Rey de toda España.

Y en segundo lugar porque como recogen los estudios académicos y las publicaciones de la práctica totalidad de los historiadores lo que se conoce como Decretos de Nueva Planta son un conjunto de tres decretos firmados por Felipe V -el pretendiente vencedor y primer Borbón de la Monarquía española- después que, dentro de la citada Guerra de Sucesión, sus tropas ocupasen militarmente los diferentes reinos y territorios de la Corona de Aragón que no dependí­an del Consejo de Italia. El que afectaba al Reino de Valencia y Aragón se promulgó el 29 de junio de 1707, el de Mallorca y las Pitiusas, el 28 de noviembre de 1715, y el especí­fico para el Principado de Catalunya, el 16 de enero de 1716.

El modelo francés

Es decir, que ni fueron una represalia contra movimientos separatistas e independentistas, ni fueron exclusivamente contra Cataluña. En virtud de esta evidencia también Aragón, Valencia o Baleares estarían legitimados para reclamar y obtener los mismos privilegios, concesiones jurídicas, económicas y de transferencias con las que Pedro Sánchez y su partido lanar se arrodillan ante los golpistas del Procés y un delincuente prófugo de la Justicia que huyó cobardemente oculto en el maletero de un coche y al que hoy el sanchismo y sus cómplices han convertido en el verdadero amo y señor de España y del posible gobierno que todo indica Sánchez va a formar.

Con los Decretos de Nueva Planta, el primer rey de la casa de Borbón siguió, de hecho, la polí­tica aplicada en la Catalunya Norte por sus antepasados, franceses, desde el Tratado de los Pirineos y la concepción absolutista del poder de la monarquí­a, amparado en el proyecto del Conde Duque de Olivares y siguiendo el modelo de la estructura centralista de Francia, a la vez que establecí­an que los territorios pasasen a ser regidos según las leyes y las costumbres de Castilla. El Estado Central se organizó en Provincias gobernadas por un Capitán General y una audiencia, que se encargaron de la administración. Para la administración económica y financiera se establecieron las Intendencias provinciales, y siguiendo también el modelo francés, comportando la aparición de la figura de los intendentes.

Para el Gobierno Central se crearon las secretarí­as de Estado, origen de los actuales ministerios, que eran ocupadas por funcionarios designados por el rey. Se crearon también unas Cortes únicas para todo el territorio, con sede en Madrid. Estas Cortes remarcaban la unidad y el centralismo pero no tení­an influencia decisoria ante el poder absoluto del rey Borbón. Asimismo se estableció el catastro, para gravar propiedades urbanas y rurales, y los beneficios del trabajo, el comercio y la industria. Igualmente, el castellano pasaba a ser lengua oficial, especialmente de las escuelas y los juzgados.

Así pues, con los Decretos de Nueva Planta desapareció lo que caracterizaba el sistema de relaciones polí­ticas de los últimos Austrias como era la soberaní­a compartida entre la monarquí­a y los estamentos, ejercida a través de las Cortes y de la aplicación de las Constituciones y privilegios, incluso en el caso del Reino de Mallorca, en que el Gran i General Consell tení­a competencias propias de las Cortes que este reino no tení­a.

No obstante, y como puntualizan los estudios académicos citados, el Principado de Catalunya no perdió el Derecho Privado. De hecho, el artí­culo 42 (56 en la edición impresa por Joseph Teixidó en Barcelona) del Decreto para el Principado de Catalunya dice textualmente: "En todo lo demás que no esté previsto en capí­tulos precedentes de este decreto, se observen las constituciones que antes habí­a en Cataluña; entendiéndose, que son de nuevo establecidas por este decreto, y que tienen la misma fuerza y vigor que lo individual mandado en él".

En definitiva, una reinterpretación partidista, interesada y falseada de la historia. Tanto como la que alude a lo que llaman nacionalidades históricas dentro de España, que ni son la que están ni están las que son. Porque si de nacionalidades históricas se trata aquí, en España, sólo hay tres: Castilla, Aragón y Navarra que fueron los tres reinos unificados tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cataluña era un Principado dependiente del Rey de Aragón y el País Vasco el llamado Señorío de Vizcaya dependiente de los Reyes de Castilla. Así es y así lo recoge la Historia, Esa misma Historia que ahora quieren devaluar y prostituir en las aulas y con la nueva selectividad.