Un programa económico nefasto

El PSOE y Sumar acaban de firmar un pacto titulado Una nueva coalición de Gobierno progresista para España. Como era previsible, el pacto social-comunista se traduce en la continuidad y profundización en una política incompatible con la configuración de una economía capaz de generar riqueza, empleo y bienestar para todos. A pesar de los errores cometidos por muchos países occidentales en la gestión de la economía desde la crisis financiera de 2008, ninguno ha avanzado con el ímpetu de España hacia la configuración de un modelo socioeconómico de corte argentino-bolivariano. Esta es en síntesis la calificación a priori del programa de Gobierno consensuado por los socios de la actual coalición gubernamental.

Desde el punto de vista macroeconómico, el proyecto PSOE-Sumar se concreta en la intensificación del ritmo de crecimiento del gasto público en presencia de un binomio déficit-deuda insostenibles y, más, en vísperas de la reintroducción de las reglas fiscales en la zona euro. Aunque no se dan cifras de los compromisos de desembolsos del sector público asumidos por el acuerdo, estás supondrán cuanto menos entre un 3 y un 4 por 100 del PIB en una economía en clara desaceleración e incapaz de allegar los recursos suficientes para financiarlos. Y, para más inri, el grueso de los programas que se pretenden impulsar no contribuye en nada a elevar el potencial de crecimiento, sino que se centran en transferencias sociales.

Ante un plan presupuestario argentino, la coalición PSOE-Sumar plantea un incremento de los impuestos a las sociedades, al patrimonio y a las rentas de capital que soportan ya una de las mayores cargas tributarias de la OCDE. Por añadidura, los "ricos", unas 100.000 personas en España no aportarán a las arcas públicas la recaudación suficiente para cubrir el despilfarro de gasto y sí tendrán poderosos incentivos para deslocalizarse hacia territorios con un tratamiento fiscal menos oneroso. La demagogia tributaria de este Gobierno es ineficaz en cuanto a recaudación y letal en lo referente a la deslocalización de capital humano y financiero fuera de España. Y, además, a nadie se le ocurre subir impuestos en un contexto de clara desaceleración económica.

Por lo que respecta a las sociedades cuya presión fiscal efectiva y nominal se sitúa entre las más altas de la OCDE, la imposición de un tributo no sobre sus beneficios sino sobre su resultado contable es una aberración, contraria a cualquier principio elemental de la Hacienda pública, dañina para su competitividad, demoledora para la inversión y, por tanto, para la creación de empleo e incentivadora de una deslocalización de empresas ubicadas en España hacia el exterior, así como un factor disuasorio para la entrada de inversión extranjera en la Vieja Piel de Toro.

El anuncio del mantenimiento de los impuestos a energéticas y a la banca, cuya eliminación ha sido recomendada por la Comisión Europea, es un disparate en un escenario de encarecimiento-restricción del crédito y de la imperiosa necesidad de impulsar proyectos de inversión de las compañías energéticas ante los desafíos existentes en ese sector en un entorno geopolítico cuajado de incertidumbre. Es de nuevo, un ejercicio de demagogia, una ruptura de las reglas básicas de seguridad jurídica, imprescindibles para generar y consolidar confianza en la política económica española.

En la parte microeconómica, el pacto PSOE-Sumar se traduce en un incremento de la intervención del Estado en la economía. La reducción por ukase de la jornada laboral, el anuncio de más subidas del SMI, la desaparición fáctica de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos y el anuncio de una Reforma del Estatuto de los Trabajadores auguran un mercado laboral de una rigidez similar al existente en el franquismo de cuya política laboral este Gobierno es un digno heredero. Díaz hubiese sido una digna lugarteniente de Girón de Velasco. Desde esa perspectiva, es impensable pensar en un aumento del empleo y en una caída del paro, salvo que, como ya ocurre, el Gobierno recurra a la alquimia estadística para camuflar la realidad.

España se aleja cada vez más de lo que es una economía de mercado

De igual modo, se acentúa la tendencia a erosionar el derecho de propiedad, en especial, en el campo de la vivienda. Al Gobierno no le importa ni la caída de la oferta de alquileres producida por su Ley de Vivienda ni la extensión de la ocupación, santificada por ésta. Eso es irrelevante ante su voluntad de convertir los derechos de propiedad en algo vacío de contenido y, de facto, controlar en su totalidad el mercado de la vivienda. Da igual que esto no funcione o que produzca resultados contrarios a los esperados. Lo relevante es mandar. La propiedad privada en España se está convirtiendo en algo marginal en todos los ámbitos de la economía.

España se aleja cada vez más de lo que es una economía de mercado. Ya no se está ante una política socialdemócrata convencional, sino ante un proyecto colectivista, inédito en las democracias occidentales desde el final de la II Guerra Mundial. Ya no se trata de crecer para repartir, sino de repartir sin crecer; esto es distribuir una tarta menguante lo que conduce de manera inexorable a una reducción del nivel de vida de los ciudadanos españoles. A eso cabe añadir, el creciente poder del Gobierno para controlar la economía a través de su estrategia fiscal y regulatoria. En este último punto destaca la resurrección de la Comisión Nacional de la Energía o la creación de la Autoridad para velar por los derechos de los clientes de la banca que se convertirán en verdaderos comisariados políticos.

Un modelo con las características del dibujado por el PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno se traducirá de manera inexorable en un deterioro brutal de la economía nacional. Nunca en lugar alguno ha funcionado. Es incompatible con un crecimiento estable y sostenido, con la generación de riqueza y de puestos de trabajo. Es un delirio colectivista sin precedentes en los estados desarrollados. Y es increíble que partidos, por ejemplo, el PNV estén dispuestos a dar su apoyo a un Gabinete cuyos planteamientos socioeconómicos son absolutamente contrarios a los suyos y a los de su base electoral.