Podemos y sus contradicciones

Estos días de verano traen pocas noticias reseñables, pero hace un par de días conocí la intención de PODEMOS de iniciar un ERE para todos los trabajadores en aquellas provincias donde no habían sacado escaños, lo cual por su contenido y por su relevancia, captó mi atención.

En ese instante, mi pensamiento laboralista se puso en funcionamiento y decidió comenzar a pensar en las diversas posibilidades que dicho partido político tendría de llevarse a cabo el mismo. ¿Serían capaces de iniciar el ERE utilizando los mecanismos facilitados por la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy que tanto han criticado?

Es cierto que dada la época vivida y los problemas económicos que la crisis hipotecaria trajo en 2008, el Gobierno en aquel instante liderado por Mariano Rajoy tuvo que facilitar los trámites burocráticos para ejecutar un despido colectivo, desburocratizando y desencorsetando los mismos para agilizar la puesta en funcionamiento de estos, si bien no abarató el despido (como mucha gente cree) sino que facilitó sus trámites y las causas para el mismo.

Muchas veces hemos escuchado a los dirigentes morados decir que aquella reforma abarató el despido a 20 días, debiendo desempolvar la legislación para comprobar esa afirmación, viendo que al menos desde la promulgación de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, ya establecía en su artículo 51.10 la posibilidad de que, tras la aprobación y autorización por la Autoridad Laboral del ERE, la indemnización fuera de 20 días por año trabajado.

Por lo tanto, insistimos en que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy no abarató el despido, si bien lo que hizo fue flexibilizar el mismo y dejar en manos de la empresa, y no de la Autoridad Laboral, la posibilidad de "autorizarse" y ejecutar el ERE (con independencia de su impugnación judicial posterior).

Es preciso también recordar al lector que el inicio de la extinción de contratos de trabajo de forma masiva, a consecuencia de causas productivas o económicas como pudiera ser el caso, no queda al arbitrio de la empresa, sino que está tasada por el propio Estatuto de los Trabajadores, que nos recuerda, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos ratifica, que en caso de superación de determinados umbrales numéricos, es necesario iniciar un expediente de regulación de empleo, so pena de caer en una causa de nulidad de los despidos.

Es por ello que PODEMOS no tiene en su mano, y mucho menos a consecuencia de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la posibilidad de iniciar el ERE o no, sino que es una obligación legal que ya venía recogida incluso en el Estatuto de los Trabajadores promulgado en 1995, precisamente durante un Gobierno socialista.

Me viene a la cabeza ahora saber si la formación morada habrá notificado o no a la Autoridad Laboral, con 6 meses de antelación, tal y como se recogió recientemente en el RD 608/2023, de 1 de julio, el cierre de parte de sus centros de trabajo y la necesidad de iniciar dicho ERE, medida promovida por la ministra Yolanda Díaz, de dicho partido político. Medida ésta muy criticada por los laboralistas, porque vuelve a encorsetar el trámite de un ERE con medidas de difícil ejecución en la vida diaria de las empresas, ya que es difícilmente predecible saber con seis meses de antelación la necesidad o no de tener que poner en funcionamiento un ERE.

También es preciso recordar al lector, porque lo he leído en algún artículo recientemente, que la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo no ha modificado el régimen de autorización de los ERE, sino que ha introducido un matiz que antes había sido eliminado, esta vez sí, por la reforma laboral de 2012, cual es la necesidad de informe preceptivo por parte de la Inspección de Trabajo acerca de la concurrencia o no de las causas justificadoras del despido, es decir, ahora sí la Inspección de Trabajo tiene que entrar a discutir si, bajo su opinión, existe causa para el despido o no, si bien ello no refuerza la idea de que sea esta institución la que autoriza el ERE o no, pues ésta potestad sigue en manos del empresario.

No sabemos qué hará la formación morada, pero no está de más recordarles que la Ley obliga a las empresas a negociar de buena fe, durante un determinado período de tiempo, con la representación legal de los trabajadores las causas y las consecuencias de dicho ERE, pudiendo, esta vez sí, alcanzar un acuerdo con los trabajadores en el que se pacten indemnizaciones, si se quiere, incluso por encima de los topes legales.

En conclusión, PODEMOS ejecutará un ERE porque es lo que legalmente debe hacer. Otra cosa bien distinta es que quiera, o no, alcanzar un acuerdo con sus trabajadores para mejorar las indemnizaciones mínimas establecidas por Ley, circunstancia que debería hacer si no quiere seguir formando parte de la llamada mal llamada casta, pero eso es otra cuestión a discutir en otros foros.