Compromisos con la UE en el aire

Desde el año 2021, la solicitud de reformas económicas a España por parte de la Comisión Europea es una constante. Muchas de esas exigencias, como las referentes al sistema de pensiones o al funcionamiento del mercado laboral, se vinculan a los desembolsos de las transferencias y créditos anticrisis Next Generation EU. Por ello, llegaron a Madrid sujetas a unos plazos muy estrechos para su cumplimiento.

Sin embargo, hay otras demandas que Bruselas plantea más a medio plazo, lo que no quiere decir que sean menos importantes o resulten más fáciles de desarrollar para el Gobierno. De hecho, existe un muy explícito guion de seis revisiones (según el término que los funcionarios comunitarios suelen usar) que el Ejecutivo europeo insta a España a llevar a cabo ante el regreso de las reglas fiscales europeas.

Algunas de ellas se encaminan a corregir viejas asignaturas pendientes de la economía española como la baja productividad, el exceso de temporalidad en el sector público o la escasez del parque de vivienda nueva. Pero hay otras que vienen dictadas por nuevos problemas como el excesivo endeudamiento del sector público en un contexto de tipos de interés crecientes.

España sigue careciendo de una hoja de ruta para la reducción de ese pasivo, al igual que tiene pendiente una verdadera reforma fiscal que haga más eficiente su sistema recaudatorio. Todo ellos son retos de primera magnitud que la parálisis institucional que se avecina, tras los inciertos resultados de las elecciones 23-J, impedirá una vez más que se aborden de la manera adecuada. Queda así en el aire la capacidad de nuestro país de cumplir sus compromisos con la UE, ahora que están de punto entrar en vigor las nuevas reglas fiscales comunitarias.