Un tejido industrial perjudicado

Un sector fundamental de la economía española tiene muy poco que celebrar tras la publicación de una EPA, relativa al pasado trimestre, en la que aparentemente todo fueron resultados positivos.

Se trata de la industria, el ámbito en el que se han destruido más de 60.000 puestos de trabajo. Estamos ante el mayor descenso de este tipo sufrido por dicha actividad en los últimos diez años.

Sorprende la tranquilidad con la que el Gobierno ha acogido el dato, aludiendo a un simple trasvase estadístico. En concreto, el Ejecutivo asegura que las fábricas están subcontratando algunas de sus funciones y esa externalización (y los puestos de trabajo que conlleva) se contabiliza, a efectos de la EPA, en las cifras del sector servicios.

Según esta explicación, en realidad, no habría destrucción de puestos de trabajo, sino un cambio en el modo en que se clasifica estadísticamente una misma actividad. Fuentes patronales no dan credibilidad a este argumento y, de hecho, un fenómeno contable de estas características no cuenta con precedentes de tan elevada magnitud en el pasado.

Existen visos, por tanto, de que la industria se ve afectada por problemas de mayor gravedad. Lo evidencia también el descenso de la actividad puramente industrial (del 1,5%) patente en la Contabilidad Nacional, una estadística muy diferente de la EPA.

En esta última, el repentino deterioro de la productividad también aflora problemas en los empleos de mayor valor añadido, precisamente aquéllos que están más vinculados a la actividad industrial. Todo apunta así a un deterioro en el tejido industrial español, muy golpeado desde los años del parón debido a la pandemia, que está muy lejos de haberse solucionado.