Opinión

Así es el efecto tortuga: el alza de impuestos ahoga la economía

    Imagen: PV

    Amador G. Ayora

    Sánchez aseguró esta semana que "por mucho que les pese (a la derecha) el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar". Y lleva razón, la economía española bordeará la recesión en los primeros meses del año sin llegar a caer, probablemente, en ella mientras que el empleo bajó de los tres millones gracias a la trampa de los fijos discontinuos.

    No vamos a sufrir un shock como el de 2008 o 2020, pero estamos condenados a una lenta recuperación, pese a que la llegada de los fondos Next Generation supondrá la inyección de unos 150.000 millones entre préstamos y subvenciones hasta 2026.

    Somos el único país que aún no recuperó el PIB perdido durante la pandemia y los organismos internacionales pronostican una tasa de crecimiento plano para los próximos años. En ello tiene que ver mucho el incremento de los impuestos, que desincentiva desde la apertura de negocios a la atracción de inversiones, y expulsa el talento y la riqueza.

    La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una rebaja del 20% en la tarifa autonómica del IRPF para contrarrestar la huida de patrimonios provocada por la entrada en vigor del gravamen a las grandes fortunas, el mismo día que el presidente del Gobierno lo justificaba ante un foro de inversores porque "los que tienen más deben contribuir más" (...) para "proteger a la sociedad a la que tanto deben. Sin ella, no prosperarían".

    El Gobierno de Pedro Sánchez está basando su política en una serie de falsedades como que las grandes empresas y patrimonios contribuyen en menor proporción que los demás o que los españoles pagamos poco a Hacienda en comparación con el resto de Europa para justificar un aumento de los ingresos fiscales desmesurados, que está ahogando la actividad. Veamos los datos.

    La economía española creció el 11,5% desde 2019, mientras que la recaudación fiscal subió el 23,4%, es decir crece al doble que la actividad. De este modo, España cerró 2022 con una recaudación fiscal récord, estimada en unos 30.000 millones superior al ejercicio anterior. Si se comparan los ingresos fiscales en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el inicio de legislatura, el aumento es de 50.000 millones, mientras que el incremento del PIB real (descontada la inflación) rondó el 1% anual.

    ¿Por qué recauda Hacienda tantos impuestos cuando la economía no va bien? En primer lugar por la inflación, que cerró el año pasado con una subida del entorno del 8,5%, y por la falta de actualización de de la tarifa del IRPF. El llamado impuesto de los pobres lacera el poder adquisitivo de los ciudadanos de menor renta y tiene como principal beneficiario al erario público. En segundo lugar, por las nuevas figuras impositivas o la reforma de las existentes El Gobierno introdujo más de medio centenar de impuestos durante la legislatura. Los últimos, los de las eléctricas o los bancos, así como a los plásticos.

    El estudio anual sobe Competitividad Fiscal presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), dependiente de la patronal española, en colaboración con la Tax Foundation americana revela que la presión fiscal escaló al 42% el año pasado y lo hará en medio punto adicional en 2023.

    Sánchez aprovechó el sufrimiento de las clases más vulnerables para gravar más a las rentas altas al contrario de lo que hicieron los países de nuestro entorno. Las grandes potencias como Alemania, Estados Unidos, Francia o Italia adoptaron medidas cuyo denominador común fue adoptar incentivos fiscales para impulsar la recuperación y el rechazo a las subidas fiscales.

    La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, despreció una regla básica de la globalización: en cualquier cambio tributario es necesario vigilar a los países de alrededor para evitar la deslocalización o la fuga de contribuyentes. Y, por eso, ahora el presidente se ve obligado a mendigar clemencia a los inversores extranjeros.

    El incremento de la recaudación debería obedecer a la mejora de las bases imponibles de las rentas de los ciudadanos, es decir, al aumento de su riqueza, cosa que no ocurre. Como publicó elEconomista esta semana, España es el país de la UE en el que más descendió la renta per cápita, al pasar del 25.180 a 23.450 euros anuales, en la última legislatura. Además, en el ejercicio que acabamos de cerrar, el poder adquisitivo medio se redujo en casi seis puntos por culpa de la inflación desbocada.

    Eso explica que el descenso del paro oficial el año pasado en casi medio millón de personas esté muy condicionado por el proceso de inflado del número de fijos discontinuos, en vez de la creación real de empleo.

    La leyenda urbana, alimentada por la propaganda oficial, de que los españoles pagamos pocos impuestos es falsa. Sobre todo, porque debe ponerse en relación con la renta per cápita. El esfuerzo fiscal, que mide la contribución en función de los niveles de renta, muestra que en España es un 52,8% superior a la media europea, según el IEE.

    La ministra de Hacienda asegura que en España se recauda el 35,4% del PIB, casi nueve puntos menos que en la UE, y se propone eliminar esa brecha fiscal en los próximos años con nuevas subidas de impuestos. Pero una vez más su afirmación es mentira, porque no tiene en cuenta que la economía sumergida en España es del 22%, diez puntos más de media que en Europa. Eso quiere decir, que el 78% de los españoles aportamos la carga tributaria de todos, mientras que ese porcentaje es del 90% en la UE.

    Medidos en términos de presión fiscal efectiva, que toma en cuenta la economía sumergida, estaríamos en el 44,5%, un porcentaje similar a la UE.

    En nuestro país existe el agravante de que las cotizaciones sociales son muy elevadas. La denominada cuña fiscal, que mide lo que aportamos a la Seguridad Social, es de casi el 40%, cinco puntos más que la media de la OCDE. Los españoles sólo nos llevamos a casa el 60% de los ingresos por el trabajo, mientras que el mundo occidental ese porcentaje es del 55%.

    La segunda mentira oficial es la insuficiente contribución de las empresas. Los ingresos públicos que aportan con respecto al total de recaudación es del 31,9%, mientras que en Europa está en el 25%, siete puntos menos.

    La aportación al IRPF se dispara en el tramo superior del gravamen hasta porcentajes del 55% con los complementos autonómicos, pese al mensaje machacón del Gobierno de que los que más tiene deben pagar más. ¡Ya lo hacen!

    Es la tercera mentira oficial. España es el único país de la UE que aplica conjuntamente un Impuesto de Patrimonio y otro de sobre Sucesiones y Donaciones. Las grandes fortunas soportan una carga fiscal el 40% superior a la media de la UE, teniendo en cuenta estos dos impuestos conjuntos, según las tablas del IEE. Una brecha fiscal espectacular, que explica porqué autonomías como Andalucía o Madrid insisten en rebajar la factura fiscal de las rentas altas mientras que Sánchez se empeña en todo lo contrario.

    La fiscalidad del ahorro es también más elevada aquí que en Europa, sobre todo desde que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, redujo a la mínima expresión las deducción a los planes de pensiones privados. Curiosamente, en lo que nos encontramos incluso por debajo de la media europea es en los impuestos al consumo, principalmente el IVA, el único tributo que Montero se negó a tocar hasta el último momento, porque considera que no contribuye a una redistribución de la riqueza.

    Si a la voracidad fiscal se une la complejidad del sistema normativo, con 17 normativas fiscales diferentes; los constantes cambios legislativos que generan inseguridad jurídica y la lentitud de la administración, puesta de manifiesto en el reparto de los fondos Next Generation, entenderán por qué nuestro país está sentenciado a crecer a paso de tortuga, con un avance anual del PIB raquítico durante los próximos años.

    Sin pasos concretos para recuperar la confianza de las empresarios, las palabras de Sánchez suenan como lo que son: huecas y sin ningún impacto real. Medidas adoptadas en otros países como la exención fiscal para los beneficios que se destinen a inversiones productivas en vez de demorar los procesos concursales significarían un chute importante.

    Aunque el Gobierno presume de que eludimos la recesión, las alegrías en el empleo y en la economía serán mínimas si nos siguen friendo a impuestos. Es necesario aliviar el gasto y eliminar cuantos antes impuestos como el de las eléctricas o la banca, que reduzcan la presión fiscal y normativa sobre las empresas e impulsen la economía.