El alto coste del intervencionismo

El Gobierno ha puesto en marcha recientemente una serie de medidas intervencionistas, tanto en el ámbito económico como en el laboral. Es el caso, de la nueva Ley de Empleo que dio poder a la Inspección de Trabajo para poder decidir sobre los ERE, lo que dificultará los necesarios ajustes de plantilla de las empresas.

Asimismo, el pasado 28 de diciembre, el Ejecutivo extendió la moratoria contable hasta 2024 para las sociedades que tuvieron pérdidas por la pandemia, lo que evitará que muchas quiebren en el presente año. Por si fuera poco, también se han incluido modificaciones a la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre, para intentar facilitar las reestructuraciones de empresas que obtuvieron créditos avalados por el ICO. Es más que evidente que el objetivo del Ejecutivo con este tipo de iniciativas es impedir una oleada de despidos o de quiebras en pleno año electoral. Moncloa no tiene el más mínimo reparo en hacer lo que sea necesario para disfrazar la realidad. Así ocurre también con la reforma laboral de Yolanda Díaz, que maquilla las cifras de empleo gracias a la introducción de la figura de los fijos discontinuos. Quizá con todas estas iniciativas, el Gobierno logre arañar miles ó millones de votos en las municipales y autonómicas ó en las generales de este año.

El Gobierno dificulta los despidos y las liquidaciones de empresas para evitar su impacto negativo en pleno año electoral

Pero el mayor intervencionismo del mercado tendrá un alto coste económico. Para empezar, supone una regresión en el Estado de Derecho, que desincentiva la creación de empresas. Además, las trabas a la contratación, despidos y liquidaciones crean inseguridad jurídica y frenan la llegada de inversión nacional y extranjera. Por último, prolonga inútilmente la vida de empresas y empleos zombis que cuando caigan incrementarán el daño a la economía.