El ataque 'kamikaze' al BCE y a los bancos nos va a salir caro

La sesión del 12 de mayo de 2010 en el Congreso de los Diputados será recordada en los libros de historia. El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó en el hemiciclo cabizbajo, con una carpeta blanca bajo el brazo. En los minutos siguientes anunciaría nueve medidas "imprescindibles y equitativas", que representaron uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia.

El discurso fue precedido de siete días de infarto, en el que los especuladores financieros atacaron la prima de riesgo española, que saltó por encima de los seiscientos puntos y situó el rendimiento de bono a diez años en más del siete%. España estuvo al borde del precipicio por una política insensata, empeñada en ver brotes verdes, donde había un agujero negro, que disparó el déficit público del 3 al 11% y la deuda de poco más de un tercio del PIB al cien por cien. Unos meses después perdió las elecciones.

Los italianos tampoco olvidarán el 12 de noviembre de 2011, poco más de un año después. Minutos antes de las diez de la noche, después de un día interminable y de agarrarse al poder desesperadamente, el magnate de la comunicación, Silvio Berlusconi, presentó su renuncia como primer ministro al presidente de la República. Había perdido una votación clave para sus propuestas económicas y estaba imputada en cinco procesos judiciales.

Tanto Zapatero como Berlusconi fueron sentenciados previamente por Bruselas y por los mercados. El Banco Central Europeo (BCE) se puso de perfil cuando las primas de riesgo se fueron a los cielos y el coste de la financiación ahogó a los consumidores.

Tanto España como Italia están ahora en una posición más saneada y su política económica es más prudente, aunque siguen siendo vulnerables. Las primas de riesgo casi se duplicaron y el coste de financiación se multiplicó por tres porque partíamos de cero.

La deuda de ambos países sufrió un amago de ataque en la primavera, poco después de que Putin declarara la guerra a Ucrania. La institución presidida por Christine Lagarde salió al rescate, emulando las palabras de Draghi en julio de 2012: "haré lo que sea necesario para sostener el euro".

Poco después, el consejo de Gobierno de la institución monetaria aprobó un instrumento para acudir en socorro de un país sin someterse a unas condiciones previas, como ocurrió con Grecia, el denominado Transmission Protection Instrument (TPI)

El TPI, sin embargo, despierta muchos recelos entre los analistas, porque tiene pendiente de especificar las reglas concretas que tendrá en cuenta el organismo para decidir si un país es elegible para obtener la ayuda; en definitiva, si el BCE saldrá en su rescate. El mecanismo únicamente exige "políticas fiscales y macroeconómicas sólidas y sostenibles" y que el país miembro "no esté sujeto a un procedimiento de déficit excesivo" o que "haya implementado medidas eficaces en respuesta a una recomendación del Consejo de la UE".

Fuentes cercanas al BCE aseguran que la laxitud de las condiciones es premeditada para dejar un amplio margen al consejo de la institución para decidir qué hacer en cada momento.

El BCE explica en su comunicado que el TPI pretende facilitar "la correcta transmisión de la política monetaria (,,,), que permitirá al Consejo de Gobierno cumplir con mayor efectividad su mandato de mantener la estabilidad de precios".

Curiosamente, dos de los principales reproches que hace el banco central a España sobre el impuesto extraordinario a la banca, se refieren a que dificulta la transmisión de la política monetaria y pone en riesgo la estabilidad financiera y de precios.

El BCE ostenta un tercio de la deuda española, que supera los 1,5 billones (117% del PIB) y se ha multiplicado por dos desde 2008. En Italia, su primera ministra, Georgia Meloni, se ha esforzado desde su nombramiento en mostrar su respeto por las normativas financieras de la zona euro para evitar ser zarandeada por los mercados, después de que fuera recibida con un desplome de la moneda única.

El presidente español, Pedro Sánchez, se despachó contra el BCE echando la culpa a su vicepresidente, el exministro español Luis de Guindos, pese a que el informe de la institución fue aprobado por la unanimidad de sus consejeros y lleva la rúbrica de Lagarde.

Peor han sentado las palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que calificó el informe de "un corta y pega de otros momentos y en contextos distintos". Escrivá se refería, probablemente, a sendos dictámenes emitidos en 2109 contra Eslovaquia y Lituania por los gravámenes al sector financiero.

Mucho más prudente se mostró la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien tras recordar que el documento no es vinculante, dejó la puerta abierta a mejoras del proyecto de ley, que se tramita en el Congreso.

El BCE arremete con dureza contra el impuesto español por otros dos aspectos: porque restringirá la concesión de créditos, lo que puede dañar la solvencia de las entidades y frenar la economía, y porque considera imposible no trasladar la tasa al cliente.

La institución lamenta indirectamente el ninguneo al Banco de España, ya que la vigilancia de su aplicación se encomienda a la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), quien ya ha advertido que no tiene ni medios ni la potestad para supervisarlo. Todo indica que se trata de una decisión política para apartar del proceso al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, una voz independiente y molesta sobre la política oficial.

El BCE debatirá antes de final de año una posible subida de los tipos de interés en medio punto junto con otro aspecto crucial: la reducción de las compras de deuda soberana. La institución acumula unos 4,2 billones en su balance y ahora debe acordar el ritmo para recortar estas adquisiciones, lo que puede volver a tensionar las prima de riesgo.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, en su reciente visita a España para realizar la semblanza del gobernador en la entrega del premio Echegaray otorgado por elEconomista, mencionó enero como la fecha a partir de la que se dejarán de comprar las emisiones de deuda que venzan.

En la dirección general del Tesoro, la fecha ha sorprendido porque no se esperaba hasta finales de 2023 o principios de 2024. El propio gobernador recomienda "cautela" en este tipo de decisiones.

La preocupación es notable. El Tesoro tiene previsto desembolsar el próximo año por la deuda 31.275 millones, con un incremento del 3,6%, según los Presupuestos Generales. Cualquier movimiento disparará las cargas y podrá en aprietos al Estado, en un momento en que está en duda el paquete de ayudas por la crisis energética para las familias. Los expertos de Funcas calculan entre 6.000 y 8.000 millones el coste en cinco años de cada punto que suban los tipos.

Bruselas acaba de anunciar que cada Estado podrá negociar unas reglas flexibles y asequibles para volver a la senda del déficit del tres% y de una deuda equivalente al 60% del PIB en un plazo de cuatro años, prorrogable hasta siete.

El cumplimiento de esta calendario obligará al Gobierno a elaborar un exigente plan de control de los gastos y de reducción de la deuda, que duplica estos objetivos. La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), además, advierte que el principal recorte del ratio deuda frente al PIB proviene del crecimiento nominal de la economía por la inflación.

Después del periodo expansivo a causa de la pandemia, Calviño tendrá que ajustarse el cinturón bajo la atenta mirada de los mercados y del BCE. Subir los impuestos a la banca dañará a toda la economía, pero exigir que no lo trasladen al cliente es sencillamente irrealizable y contraviene sus reglas porque deteriora los balances y agrava la inflación, como advierte el BCE.

La política de ataque a la institución financiera por parte del Gobierno español es suicida en un momento en que Calviño debe prepararse para duplicar el ritmo de reducción de deuda contenida en los Presupuestos con una economía a la baja. Como hemos visto, el BCE goza de una amplia discrecionalidad para elegir a qué país ayuda en caso de que las tensiones y los coste se descontrolen. Estamos en manos de Lagarde.