Lo que nos faltaba: empresas francesas acusando a España de 'dumping' eléctrico

La prensa española se ha hecho eco de que el aluminio francés solicita que se abra un expediente anti dumping contra la industria española. La noticia, cierta y sorprendente para muchos, corresponde a unas manifestaciones del responsable de la Federación del Aluminio de Francia en las que no sé si destacar más la ignorancia o la mala fe.

La excepción ibérica supone que el precio del gas, que se considera para la fijación del de mercado, está "topado" en una cantidad que se va elevando progresivamente desde 40 €/MWh a razón de diez euros cada mes. ¿Quiere eso decir que las centrales de ciclo combinado deben asumir esa diferencia entre el precio "topado" y el precio que han pagado? Desde luego que no. Los consumidores españoles sometidos al mercado eléctrico, y otros con otros tipos de contratos, pagan diariamente la diferencia a las centrales de ciclo combinado de gas lo que se denomina "el ajuste de gas".

Sin embargo, desde que comenzó la "excepción ibérica" y coincidiendo con un cierre no programado de algunas centrales nucleares francesas, las exportaciones de electricidad de España a Francia se han ampliado hasta el máximo de la interconexión existente. Y, lo más importante, los consumidores franceses no tienen que pagar las compensaciones por la diferencia de precio de gas, que si pagan religiosamente los consumidores españoles.

De esta forma, España importa gas desde Francia que "devuelve" como MWh de electricidad a un precio inferior al que pagan la inmensa mayoría de los consumidores españoles.

Adicionalmente —algo que parece que han olvidado las empresas de aluminio francesas—, en Francia existe un esquema denominado ARENH especialmente dedicado a los consumidores industriales franceses. Y, lo más importante, el precio de la electricidad para este esquema es de 42€/MWh, con una ligera subida hasta 46€/MWh para cuantías adicionales a las fijadas inicialmente. Desde luego esas cifras son impensables para la industria española.

Por lo tanto, de haber una ventaja competitiva, esta sería de la industria francesa en detrimento del resto de la industria europea. Y no la contraria.

Por último, y en la total seguridad de que esto se debe al atrevimiento de la ignorancia, las empresas francesas deberían saber que no es posible abrir un expediente antidumping contra la industria de otro Estado miembro; quizás añoren el vandalismo de algunos agricultores franceses con las fresas españolas. Aunque a algunos le suene a chino, el mercado único europeo impide esas cosas, porque las medidas de defensa comercial están diseñadas para defenderse del comercio desleal de países de fuera de la UE. Si una empresa o una asociación consideran que las medidas de un Estado miembro son perjudiciales para sus intereses, puede dirigirse a la Dirección General de la Competencia de la Comisión y siempre al Tribunal de Justicia de la Unión.

Convendría que las empresas francesas reflexionen al respecto y no estaría de más que quienes se hacen eco de semejante reivindicación ahonden en el tema descubriendo la falacia.