La incógnita está en si el Supremo arreglará el desaguisado legislativo

¡Qué espectáculo! Llevamos meses denunciando la nefanda técnica legislativa que está llevando a cabo el Gobierno, pero cuando creemos que ya se ha llegado a tocar fondo, nos sorprenden con que la situación puede empeorar. En los ámbitos jurídicos de la UE se frotan los ojos de incredulidad, cuando ven que ahora, los jueces son los que ostentan el mando único, los que tienen la última palabra sobre si los Gobiernos regionales invaden derechos fundamentales, de los recogidos en la Constitución.

Las tensiones generadas por el Ejecutivo para controlar el Poder Judicial, que han motivado la reacción de Bruselas y las serias advertencias de sanciones si se seguía por el camino de violar la independencia judicial han abierto ahora un nuevo capítulo.

Basta con revisar la 'maldita' hemeroteca para comprobar que Pedro Sánchez ha incumplido la promesa de preparar un plan legal alternativo y que ha venido esquivado a los presidentes autonómicos desde que anunció su voluntad de no renovar el estado de alarma. Hablamos de una Ley Orgánica, reforzada por los asuntos que regula. 

El papelón de los jueces del Supremo les ha llenado de estupor, porque la reforma del recurso de casación, en ningún momento se había planteado que pudiera servir para atender las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia sobre este tipo de asuntos.

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, César Tolosa, recién nombrado, se ha visto sorprendido por una medida de este cariz y ha manifestado la existencia de un "déficit" legislativo en materia sanitaria, y apuntando que los jueces no están "para gobernar".

Después vendrían las matizaciones sobre el informe realizado por el Comité Técnico, compuesto por magistrados, que también mostraban su perplejidad por la decisión del Gobierno, de instrumentalizar a la Sala del Tribunal Supremo para tapar los enormes boquetes que presenta la legislación sanitaria y buena parte de las legislaciones sanitarias de ámbito autonómico.

Ningún gobierno regional quiere aparecer como el que tuvo que pedir a Sánchez que le salvara los 'muebles'

Los magistrados de la Sala Tercera, según hemos podido comprobar, están dispuestos a analizar cada recurso a la luz de los derechos fundamentales afectados en cada territorio, pero no son muy optimistas.

Por ello, no es de extrañar que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se haya curado en salud y haya advertido que si de la respuesta que dé el Supremo a las medidas de los gobiernos regionales "se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes".

Sin embargo, ha dejado bien a las claras que el Gobierno no prepara ninguna reforma legal para amparar las restricciones sanitarias que se adopten ras el final del estado de alarma, insistiendo en que la actual cobertura jurídica ofrece un arsenal normativo suficiente, al tiempo que ha recordado que los Ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

Y esta es una derivada de la que, al menos de entrada, la mayoría de las Comunidades no quiere ni oír hablar, puesto que los Ejecutivos consideran que el estado de alarma es una figura legislativa excepcional, que no puede alargarse indefinidamente en el tiempo y, además, no parecen dispuestas a perder su control sobre sus transferencias, pero unas más alto y otras más  se ha despreciado el cogobierno, tan cacareado por Sánchez, a través de por lo bajini expresan quela Comisión de Salud Pública, y no se han legislado soluciones para las decisiones que implican violación de los Derechos fundamentales.

Ninguna quiere aparecer como la que tuvo que pedirle a Sánchez que le salvara los 'muebles'.