¿A qué espera BBVA?

Cuando un banco, su presidente y parte de su Consejo pueden ser investigados por responsabilidad penal, la reputación de todos ellos queda dañada. En casos como estos, no se puede separar a las personas del cargo que ostentan y tampoco es muy relevante, a efectos reputacionales, si conocieron o no los hechos, si participaron o no, si fueron los responsables últimos de que se produjeran. Simplemente formaban parte del máximo órgano de decisión de la entidad y responden por no gobernarla de tal forma que prácticas de esa naturaleza no pudieran llegar a producirse.

La responsabilidad de consejeros y directivos ha evolucionado mucho en los últimos años y, sobre todo, a raíz de la última crisis. A la vez, la estimación y prevención de riesgos no financieros, como puede ser el reputacional, es tenida muy en cuenta como uno de los pilares de la estabilidad financiera. Las autoridades tienen la obligación de proteger ésta aun a costa de tomar determinaciones que, individualmente consideradas, pudieran considerarse injustas o desproporcionadas. El banquero maneja el dinero de los demás y lo arriesga por cuenta propia. Son las autoridades las que, al final, determinan qué nivel de riesgo puede ser aceptable para el normal desenvolvimiento del sector financiero y qué riesgos no son necesarios correr bajo ningún concepto. Si relevar a unas personas de unos cargos contribuye a la estabilidad, es obligación del supervisor hacerlo porque se defiende un bien tan supremo como que todos confiemos en que los bancos están gestionados con la mayor pulcritud, ética y responsabilidad, no empleando el dinero de sus clientes para actividades ilícitas, poco éticas o directamente ilegales.

La reputación, la estabilidad y el control son claves para evitar irregularidades 

Hay muchas cosas que ya no se puede permitir un banquero y, entre otras, que su banco esté todos los días ocupando titulares por ser investigado por asuntos turbios. Siempre han sido valores tradicionales de los banqueros la discreción y la honorabilidad, pero si cada lunes y cada martes sale una noticia hablando de lo que se hizo o se dejó de hacer, de posibles responsabilidades penales y de asuntos muy turbios e inmorales a los que se liga la marca que el banquero representa, esos valores se quiebran de forma irreparable incluso si, finalmente, las personas involucradas resultaran inocentes. Ya sé que esto puede considerarse injusto, pero es un precio que puede tener que llegar a pagarse por ocupar una posición tan privilegiada y no haber sido capaz de ejercerla con la cautela debida, impidiendo que ciertas cosas siquiera pudieran llegar a plantearse.

Tenemos un ejemplo reciente en el que un gran banco decide no contratar a un profesional por el desproporcionado coste que ello podía representar para la entidad. En general, se obró bien, al margen de haber hecho pública la noticia sin tener atados todos los detalles. Pero se supo reaccionar ante el error y tomar una determinación difícil, porque quizás lo fácil hubiera sido seguir adelante con el nombramiento, actitud que reforzó la reputación de la entidad ante el daño que podría haber recibido por el coste del fichaje. Esta es la actitud que debe mantener un banquero, valorando que sus actos van a ser escudriñados por el mercado.

No se puede permitir el descrédito al Banco que representan los implicados 

El control sobre la organización es otro de los pilares de la estabilidad financiera. La gestión de un banco debe tener una cadena de responsabilidades y de control hasta sus más altos órganos que impida que se puedan cometer irregularidades. Si estas se comenten, los mecanismos de control han fallado y, en última instancia, si el daño para la entidad es elevado, el consejo y la presidencia, que no han ejercido su tarea con eficacia, deben ser removidos de sus cargos, aunque siempre es mucho más elegante dimitir. En BBVA estamos ante un caso que, por su trascendencia mediática y por las naturaleza misma de las cosas que pudieron suceder, el daño reputacional, que podría transformarse en costes económicos elevados, es de tal entidad que empieza a no explicarse cómo desde el propio banco no hay una reacción antes de que las autoridades se vean obligadas a forzar ceses en el ejercicio de sus facultades, lo que podría interpretarse como un daño reputacional añadido que seguramente desean evitar mediante la salida voluntaria de los afectados.

El final de esta historia parece claro. Prolongar la agonía no tiene mucho sentido por parte de los implicados. Es obvio que les ampara la presunción de inocencia, pero ésta opera para la posible responsabilidad penal, en su caso, en absoluto les protege del descrédito del Banco al que representan y eso ni los clientes, ni los empleados, ni la sociedad en su conjunto se lo pueden permitir.