Factores que determinan el desarrollo

Tras la lectura de ese documento esencial y preciso para entender el conjunto de la marcha de nuestra economía que es el Informe Anual 2018, del Banco de España, es posible entender por dónde debe caminar nuestra política económica si, efectivamente, pretende en primer lugar que el fuerte desarrollo que se había logrado mantener el último año con claridad, pero no en 2019, pasa a mostrar problemas que hay que resolver. Por ahora, al compararnos con lo que acaba existiendo en ese entorno de grandes potencias económicas europeas, constituido por Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, derivamos consecuencias inmediatas. También al recordar nuestro pasado, y las equivocaciones que se mantuvieron.

De esa comparación, llamémoslo así, europea, se observa nuestro progreso respecto a Italia, e incluso respecto al Reino Unido, pero ¿qué problemas acechan capaces de frenar lo que parecía mostrar un proceso consolidado en España? A mi juicio, varios.

Uno de ellos es todo lo que se refiere a la política laboral y de empleo. De la mano del citado Informe Anual 2018, nos encontramos con que también es preciso ocuparnos de otro problema, serio, sobre "el número de ocupados que todavía que es inferior en 1,4 millones al de 2008, y la tasa de desempleo que sigue siendo muy alta, y esto a pesar de que la actividad actual medida por el PIB Real sigue creciendo y el nivel máximo alcanzado antes de la crisis, en 2007, se ha superado, con lo cual, el nivel de renta por habitante se ha situado ya en el promedio de la UEM; añadamos que es una característica severa, por lo que se acaba de decir, el "sentar las bases de un crecimiento más sostenible y equilibrado", como señala el Banco de España. Y ese problema, ¿por qué ha sobrevenido? Un motivo es que desde 2015, no se han "registrado avances reseñables en la solución del déficit público estructural" por lo que surge el pronóstico de que "la previsible aplicación del componente preventivo del Pacto de Estabilidad, exigirá mantener un elevado esfuerzo fiscal en los próximos años". He ahí un objetivo inamovible para los próximos ejercicios económicos, y el método que se ofrece, forzosamente es doble: o fuertes aumentos impositivos, que con Laffer amenazan el esfuerzo económico; o bien, con reducciones en el gasto público, los cuales, por un camino u otro, empeoran la actividad productiva, al reducir la demanda. ¿Cómo negociar esta situación de endeudamiento español muy alto que, obligadamente ha de reducirse? Se expone así: "Un prerrequisito para ello es la realización de un análisis previo en profundidad, de la estructura de gastos y de ingresos de las Administraciones". Esta tarea evidente yo la he defendido señalando que debe realizarse por una ampliación del ámbito de la acción del Tribunal de Cuentas, alejándolo de una labor central de investigación exclusiva sobre los capítulos de gasto de tipo presupuestario. Como se señala en este informe del Banco de España, con ello se tiene que orientar la ordenación del gasto hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la acumulación de capital físico, tecnológico y humano. "Los resultados de la revisión del gasto público que se está efectuando en la actualidad, dan la impresión de que pueden mejorar esta situación". Algo creo que nos aclara esto la decisión del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2007, sobre el proceso de revisión del gasto público, especialmente en el terreno del gasto en subvenciones, cuyos resultados se publicarán próximamente.

Esta cuestión del endeudamiento tiene calidad de tipo prioritario, porque el mantenimiento de un nivel muy alto de deuda pública durante un periodo prolongado, puede generar un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Asimismo, el elevado endeudamiento reduce la capacidad estabilizadora de la política fiscal ante situaciones adversas y obliga a mantener superávits primarios durante periodos amplios, lo que puede exigir mayores niveles de imposición distorsionadores o intensos niveles de gasto. Y además de todos estos factores negativos, en la pág. 91, también se señala que "un nivel alto de deuda incrementa la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante cambios en el sentimiento inversor de los mercados financieros", y afecta a la necesidad de refinanciar regularmente lo que pasa a ser un volumen elevado de vencimientos. Y no se soluciona de manera inmediata esta cuestión, porque conviene tener en cuenta que la masa global de las Administraciones Públicas emitió en 2018 una cifra que estima este Informe anual de 2018 en 212.000 millones de euros, o sea el 17,5 del PIB de ese año.

Y este fantasma lo acentúa, para nuestra preocupación, el conjunto de las tasas crecientes de envejecimiento . En la pág. 92, se sintetiza así este problema: "El envejecimiento de la población plantea unos serios retos adecuados para la política fiscal que deben ser tenidos en cuenta en el marco de la estrategia de mejora de la calida de las finanzas públicas". Por el lado del gasto público, las sociedades envejecidas requieren mayores gastos sociales, por ejemplo en sanidad y en pensiones, dirigidos a grupos de población cada vez en edades más avanzadas. Este aumento del gasto relacionado con el envejecimiento, podría lastrar el gasto necesario para favorecer el dinamismo futuro de la economía, como por ejemplo, el dedicado a educación, o a una orientación en determinadas manufacturas. Y en la vertiente de los ingresos, "el envejecimiento poblacional incide tanto en una menor recaudación por cotizaciones sociales….como en una cierta alteración de progresividad y de recurso del impuesto sobre la renta, dados los menores tipos efectivos soportados por los contribuyentes de mayor edad. Pero además….los ingresos procedentes de las rentas de capital, cuyos tipos impositivos son menores que en el caso de las rentas de trabajo, ponen un mayor peso en el total" para la población de más edad. Y se añade que "cabe tener en cuenta qué los impuestos compensatorios reducen la actividad en la medida "en que la población de mayor edad tiende a consumir bienes y servicios técnicamente gravados con tipos más bajos". Finalmente, el mayor gasto relacionado con el envejecimiento (aparece) especialmente cuando se financia a través del recurso del endeudamiento, que puede conllevar un aumento en la imposición a las generaciones más jóvenes, "lo que plantea algunas cuestiones relevantes de equidad intergeneracional".

La capacidad del Estado de Bienestar en cuestiones relevantes pasa a complicarse en España, con el complemento del auténtico derrumbamiento de la natalidad a partir de 1975. El auxilio puede proceder de una acción empresarial muy clara de incremento de la productividad gracias a la " reasignación de la inversión" hacia proyectos empresariales de alto contenido tecnológico, a más de que la mejora del capital humano en el caso actual de España ha reducido la brecha respecto del resto de Europa, aunque ésta "sigue siendo elevada en lo que respecta al capital tecnológico", otro insoslayable problema actual.

¿Y podemos dejar anulado lo que se señala en las págs. 95-101 sobre los retos del sector bancario? Quédese para otro momento esta misión que era imposible que la pudiese llevar a cabo el Banco de España antes de 1959.