Salarios y justicia social

El comportamiento de los salarios en España ha sido una cuestión recurrente de debate en los últimos años, sobre todo a partir de la consolidación de la fase de expansión, que por otro lado ya está comenzando a perder fuerza. Como era de prever, el aumento excepcional del 22,3% del salario mínimo, el mayor incremento de los últimos 40 años, ha provocado ya las primeras reacciones en el mercado.

El Banco de España, y distintos estudios de entidades financieras y económicas, advierten que supondrá la pérdida de 125.000 empleos y que generará además un efecto ralentizador de la economía en un momento de desaceleración global. Los datos del paro del mes de enero atestiguan la tendencia que vivimos en la economía real: las empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo no pueden soportar el peso de la subida salarial en los términos actuales de productividad y rentabilidad.

No deberíamos despreciar lo que nos indican los informes con datos contrastados del Banco de España. Resulta significativo el análisis de lo sucedido en el año 2017, cuando Partido Popular y PSOE acordaron una subida del salario mínimo de un 8%. Se ha demostrado que la medida terminó generando 12.000 despidos y afectando a 384.000 trabajadores y, lo que es más concluyente, que el aumento de la nómina en unos trabajadores se saldó con la destrucción del empleo de otros. En esencia, el conjunto de la masa salarial como resultado de la subida del salario mínimo no se vio afectada, simplemente se redistribuyó de otra forma, compensando las ganancias de unos con el desempleo de otros, sobre todo de aquellos con más dificultades para acceder a un puesto de trabajo. ¿Es esta la justicia social que se persigue?

Los empresarios hemos defendido la necesidad de aumentar los salarios en función de la productividad, dado que España es un país donde el consumo de los hogares representa casi el 60% del PIB, y donde la desigualdad ha aumentado notablemente, un aspecto que no debe ocultarse y que debe convertirse en máxima prioridad. Sin embargo, la subida brusca e impuesta del Salario Mínimo supone un retroceso para todos, empresarios y trabajadores, que contamos con órganos de representación responsables para encontrar las soluciones mediante el diálogo.

Este incremento se produce además en un mal momento, en el que al menos tres factores influyen en la dificultad para impulsar el empleo. Por un lado, la economía española se está desacelerando, y con ella aplazando las decisiones de inversión de las empresas. Por otro, por primera vez en 20 años se estanca la productividad, una muy mala noticia que nos aleja todavía más en el marco de competencia europeo. Por último, continúan aumentando los costes laborales, que ya en el tercer trimestre del año pasado (últimos datos del INE) tuvieron un repunte del 1,9% respecto al mismo periodo de 2017, su mayor alza en casi cinco años. Centrar los debates únicamente en los salarios y el coste del despido es un error, si no se tiene en cuenta la formación, innovación y tecnologías, el tamaño de las empresas y otras alternativas que contribuyan a mejorar la productividad y los salarios, que deben ir de la mano.

No conozco ningún empresario sensato que defienda seriamente que su competitivad se basa en salarios bajos. A salarios reducidos siempre nos ganará alguien. ¿De verdad queremos competir con los precios de la mano de obra? ¿O con tecnología y conocimiento? Esa es la gran opción a la que España sigue dando la espalda. Pero éste es un reto de la sociedad en su conjunto. Los empresarios contamos con los recursos que nos da la sociedad y en estos momentos, en vez de imposiciones, rigidez y más impuestos, necesitamos flexibilidad, diálogo y certezas para seguir impulsando el crecimiento.

Asegurar un salario digno para todos los trabajadores debe ser compatible con el reconocimiento de calificación, esfuerzo y meritocracia, poniendo el foco en la educación y promoviendo la igualdad real de oportunidades. Una de las principales claves reside en aumentar la productividad, especialmente en empresas medianas y pequeñas. La capacitación, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías representan las bases adecuadas para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Si seguimos dando la espalda a la realidad que viven las empresas de la economía real, en beneficio del cortoplacismo en el que se ha instaurado la política, corremos el serio riesgo de que España vuelva al quirófano. Resulta necesario tomar medidas a medio y largo plazo, superando el mandato de una legislatura, para fortalezcer nuestro sistema productivo.

Hemos "salido" de la última crisis pero no hemos hecho nada de cara a las que vendrán. Debemos ser conscientes de lo que nos jugamos y, de manera especial, actuar con responsabilidad y altura de miras en un mundo cada vez más complejo que nos exige redoblar esfuerzos para construir de verdad una sociedad más justa.