El relator y los Presupuestos

Pese a que el Gobierno, en principio, dio marcha atrás la semana pasada en su propósito de crear un relator que actuara en una mesa negociadora de partidos catalanes, esta figura es algo nuevo y sin precedente sobre la que conviene seguir reflexionando. No se sabe si describe o si media. En sentido estricto, su función (semánticamente hablando) sería relatar algo que acontece. También se ha hablado de que podría tener una condición puramente notarial. Parece ser que su sentido quiere ser el de ser una especie de coordinador independiente para la negociación entre partes (al parecer partidos, aunque en el fondo gobiernos).

Pero todo esto da lo mismo. Profundizar por esa vía argumental nos llevaría en realidad a un falso o aparente debate. Lo que cuenta es, evidentemente, su significado real, más allá de la denominación que demos a la figura en cuestión. Bien puede aplicarse, a este asunto, aquello que dicen en casos así las sentencias: "Hemos de recordar aquel viejo apotegma o brocardo jurisprudencial que dice que las cosas son lo que son, con independencia de la denominación más o menos caprichosa o arbitraria que quieran darle las partes" (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 27 de septiembre de 2006).

Y, entonces, ¿qué significa, pues, un relator? Conforme a su connotación propia, significa que se acepta que hay un problema de derechos humanos (y, en su sentido más genuino, un problema de Naciones Unidas). Se presupone que hay una necesidad de una persona que informe de una determinada situación en un determinado país, o que negocie entre partes, admitiendo que el país en cuestión no tiene las garantías suficientes. Lo primero, es decir, la connotación de derechos humanos sorprende porque, de haber alguna problemática de derechos humanos en Cataluña, ésta sería la de los españoles no separatistas que se ven afectados por las políticas de la Generalitat Catalana en el ejercicio de sus derechos elementales (aquí sí podría tener sentido un relator, cuya propuesta incumbiría al Gobierno de la Nación).

Lo segundo (es decir, la intención de hacer ver que no hay un nivel de garantías jurídicas suficientes en España) no solo es inadecuado a, o incoherente con, un país desarrollado, más que democrático, como España. Más allá, revela una actitud deliberada de insultar o denigrar, que podría incluso encajar en alguna acción indemnizatoria de daños contra la dignidad personal como españoles. El relator, en este contexto, evoca a países donde se precisa una ayuda internacional ante un conflicto grave, presuponiendo que las instituciones judiciales y políticas del país en cuestión no están suficientemente desarrolladas. Es en este sentido como puede entenderse el relator, conforme a las experiencias que podrían relacionarse con figuras afines. Incluso en tal ámbito internacional es excepcional.

El nivel de garantías se mide por el Derecho público, materia de la que soy profesor: tras haberme dedicado en especial al Derecho público comparado puedo decir que el nivel de garantías de España es similar al que tienen Estados como Francia, Italia o Alemania. El relator viene a ser una injuria al profesorado que enseña Derecho público y derechos humanos en las Universidades. ¿Para qué explicamos en clase uno de los sistemas más avanzados en cuanto a garantías jurídicas? ¿Para que venga un relator?

En general, la actual Generalitat lo que quiere es situarnos en una situación límite. Este martes se veían imágenes en los informativos sobre franceses mancos y tuertos por culpa de los asaltos de la policía francesa. Nada de esto, por suerte, ha ocurrido en Cataluña. Y, sobre un posible referéndum, no podemos aceptar una solución así, aunque solo sea considerando que tal "solución" podría llevarnos a mayores conflictos después con el País Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, incluso Andalucía, etc.

Cierto que se podría hablar de "relator" como una simple moda, igual que se habla de mediador, o de reportero, o incluso de conseguidor (que es el abogado que en vez de estudiar, negocia). En este sentido de las modas se llega a decir que la figura del relator carece de " trascendencia" (así, la vicepresidenta del Gobierno, señora Calvo). Entonces, a mi juicio, si esto es así, lo que se está haciendo es, simplemente, "el payaso". Hacer el payaso es también llegar a hablar, por otros, de que se precisan "observadores" hasta para supervisar y verificar al tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que a partir de este 12 de febrero juzga a los políticos que impulsaron el proceso de secesión ilegal de Cataluña, entre septiembre y octubre de 2017. Hay gente que obtiene votos diciendo cosas así, cualquier cosa, y este es el problema, que, para gobernar algunos, tengamos todos que pasar por un deterioro inmerecido de las instituciones y del Estado de Derecho. Dicho esto, solo habría una vía para justificar el "relator": si este tiene una intervención breve en el marco de una solución rápida entre las partes. Si es así, y se llega a un rápido pacto cerrado para dar solución a toda esta historia, conforme, como única vía que lo justificaría. Pero el problema es que se trate de una concesión más, una y después otra. Un sentar precedente. Que es lo que se quiere por el oponente. El problema de nuestro Estado es esa espiral inacabada de concesiones. El relator solo se justificaría si fuera para sentarse en una mesa y, en acto único, se llega a un pacto y se acaba esta historia. Si no se llega rápido a un pacto cerrado para siempre, con concesiones de ambas partes, y lealtad al Estado español, la única solución es dar un ultimátum y sustituir el actual Estado de las autonomías por el modelo francés centralista, que siempre imperó en nuestra historia, salvo en la más reciente sin resultados favorables.

Sobre la aprobación de los Presupuestos Generales se impone una solución de fondo y de futuro, entre los partidos políticos constitucionalistas, para que quien gobierne pueda aprobarlos, sean los que sean, gobierne quien gobierne, sin necesidad de pactos con partidos de dudosa constitucionalidad (como son los partidos independentistas). Lo más social o lo más liberal, mediante unos presupuestos, es recuperable y, cuando gobierne el oponente, se podrán solucionar los posibles entuertos. Pero la pérdida de la unidad nacional, en cambio, no es recuperable.

Es incluso antes preferible que la derecha vote los presupuestos de Sánchez, a que Sánchez otorgue a Torra más concesiones.

Hay que distinguir lo esencial de lo inesencial.