Castigo empresarial con alto coste

Las empresas, sobre todo las de mayor tamaño, constituyen el objetivo predilecto de las medidas que el Gobierno pretende implantar para asegurar que los ingresos del Estado suban este año en 20.000 millones, y vuelvan a superar marcas históricas.

Algunos sectores se ven más intensamente señalados, como es el caso del ámbito financiero y tecnológico, a través de anteproyectos que crean tributos específicos para ambos. Pero se puede hablar de una ofensiva de mucho mayor alcance, a través de medidas de impacto más indiscriminado como el alza de las bases máximas de cotización o la desaparición de deducciones en Sociedades.

Con todos estos cambios, se puede afirmar que las empresas aportarían casi 110.000 millones a las arcas del Estado, la mitad de todos los ingresos esperados en el conjunto de 2019. Sin duda, las medidas antes mencionadas se encuentran en el alero, sin ninguna garantía que asegure su aprobación parlamentaria y, por tanto, su plena aplicación.

No obstante, el mensaje que ya ha transmitido el Gobierno puede aun así provocar importantes daños. No en vano queda claro que está fuera de sus planes mitigar la alta presión fiscal que las empresas ya sufren, inclusive sin las nuevas alzas. La prueba de ello es que el pago por cotizaciones sociales podría elevarse este año por encima de las 95.000 millones.

Expectativas como éstas ejercen una influencia muy negativa en los planes de inversión y de creación de puestos de trabajo de las empresas. En consecuencia el castigo fiscal a la gran empresa amenaza con tener también un alto coste para las familias y las pymes, aquellos colectivos a los que precisamente el Gobierno asegura que quiere preservar de todo daño.