Populismo y errores que pagamos todos

El populismo es una máquina de pegar sustos. La semana pasada fue la de la resaca de la situación creada por el Tribunal Supremo, que primero cambió una jurisprudencia de 20 años en el pago del impuesto de las hipotecas, luego la frenó argumentando la inquietud social creada (¿ese es el criterio para sentar jurisprudencia, no crear inquietud?) y posteriormente la revocó después de dos semanas de incertidumbre.

El remate final fue el decretazo del Gobierno, que decidió que a partir de ese momento, y sin jurisprudencia ni estudio que valga, serán los bancos los que paguen el impuesto, y nunca más los ciudadanos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por muy buenista que nos parezca la decisión del Ejecutivo, la verdad es que en realidad es una medida electoralista.

Me apostaría unos euros a que el decretazo de Sánchez le ha hecho ganar votos por miles o decenas de miles. Tiene todos los ingredientes de las medidas populistas: se presenta como un acto de justicia social por el que se da a los ciudadanos lo que se quita a los ricos, y si además como en este caso el rico es la banca... Pero la realidad dista mucho de esta falsa película de Robin Hood.

La actuación del Supremo provocó una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho

La realidad es que la actuación del Supremo provocó una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho con décadas de democracia a sus espaldas, y además en un momento en el que esa inseguridad jurídica se usa como arma arrojadiza contra los pilares de la democracia.

Es un momento soñado, por ejemplo, por el separatismo, que ha visto en este embrollo el caldo de cultivo perfecto para vender, tanto en España como en el extranjero, que son una opción sometida por un Estado que no es democrático, que no cree en la separación de poderes y demás inventos de su imaginario.

Económicamente, la decisión de Sánchez tampoco parece muy acertada. Si en el Gobierno pensaban que habían hecho una jugada maestra no sólo por los votos que les renta, sino porque seguirían recaudando el impuesto, que como dice la ministra Nadia Calviño es parte de la financiación de las comunidades autónomas, se equivocan. Al Partido Popular (PP), sin ir más lejos, le ha faltado tiempo para proclamar que si llegan al poder suprimirán el tributo.

Y finalmente, desde un punto de vista práctico, esta persecución a la banca no puede traer nada bueno. Es cierto que las entidades tienen bien ganada su mala fama por algunas actuaciones durante la crisis, por ejemplo, en el tema de los deshaucios, pero exprimir a los bancos pensando que son una fuente inagotable de recursos es una equivocación. Como en cualquier actividad, cuando las medidas de Sánchez se dejen notar en las cuentas de resultados, las entidades harán lo que es más razonable: proteger su negocio reduciendo su actividad. Es decir, darán menos créditos y más caros, lo que golpeará a una actividad económica que ya da síntomas de frenazo.