Los primeros desengaños del Gobierno

El presidente del Gobierno anunció en RTVE su intención de agotar la legislatura. Pero casi nadie cree ya en esa posibilidad. Después de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aplazara al otoño el debate sobre el techo de gasto de los Presupuestos de 2019, las prisas por concluir la legislatura son mayores.

Montero, a la que esta semana se le vio discutiendo en su escaño con el exministro Cristóbal Montoro, ha recibido el mensaje del PP de que tendrá su apoyo para aprobar el Presupuesto de 2018 y punto. Es decir, que cualquier medida adicional tendría que ser introducida mediante Real Decreto Ley y luego convalidada por la Cámara.

De esta manera, modificaciones como la vuelta a los convenios sectoriales anunciadas por la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, o la universalidad de la Sanidad, que quiere poner en marcha Carmen Montón, tendrán que sufrir previamente un tedioso proceso de negociación con otras fuerzas políticas para asegurarse su puesta en marcha, como ocurre con el nombramiento del director general de RTVE.

Los ministros comienzan a darse de bruces con la realidad y a comprender que sus iniciativas no serán viables, si no es a cambio de acceder a cambalaches con otras formaciones políticas de izquierdas, que exigirán medidas aún más populistas. Eso explica que, después de la explosión de ideas de las primeras semanas, se hayan sumido en un espeso silencio.

Calviño, al parecer, tuvo que llamar al orden a la titular de Hacienda, con la que mantuvo una reunión "muy tensa". Aunque el contenido del encuentro no trascendió, hay un problema de descoordinación entre los ministerios, tras la supresión de la Oficina Económica de la Moncloa.

Un organismo que creó Aznar y continuó Rajoy para fiscalizar a sus propios ministros y que cumplía un papel relevante para preparar la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se reúne los jueves, para seleccionar los asuntos que van el viernes al Consejo de Ministros. Las tareas de la Oficina Económica recaen ahora en el Ministerio de Economía de Nadia Calviño. Pero los funcionarios se quejan de que no cuentan ni con personal ni con experiencia para poner en orden la multitud de peticiones que llegan de los 17 ministerios.

En Economía preocupa la marcha del déficit, pese a que los ingresos de IRPF crecen a ritmos cercanos al 7 por ciento. La recaudación es muy sensible a la marcha del PIB y cualquier frenazo puede dar al traste con las previsiones. Ayudará mucho la decisión del presidente del BCE, Mario Draghi, de aplazar a finales de 2019 la subida de tipos de interés, que puede dar un balón de oxígeno de alrededor de 5.000 millones por el menor coste de los intereses de la deuda.

"El año está prácticamente hecho", reconocen todos los expertos, quienes sin embargo aventuran una desviación de cinco o seis décimas, hasta el 2,7 o 2,8 del PIB. Con todo, se trataría de algo tolerable en Bruselas, una vez que se rebaje el umbral del 3 por ciento, que permitirá salir del procedimiento de déficit excesivo y, por ende, relajar los controles de la Comisión Europea.

Economía quiere reducir ese desajuste como mucho al 2,5 por ciento del PIB. El problema es que las medidas recaudatorias que puede poner en marcha antes de fin de año aportan escasos ingresos. Hacienda trabajaba ya con Montoro a toda velocidad para copiar el incremento impositivo aplicado en algunos países a las tecnológicas. La ministra Montero anunció una equiparación de los impuestos de la gasolina y el diésel. Pero el efecto recaudatorio de ambas medidas en este año rondaría 600 millones.

El primer desengaño proviene del techo de gasto, que es necesario fijar para el año que viene. El Gobierno no podrá presentar los presupuestos de 2019 porque necesita la aprobación explícita del Senado al techo de gasto, donde el PP tiene mayoría absoluta, como informó esta semana elEconomista.

Sin el visto bueno de la Cámara Alta es imposible seguir adelante. Una circunstancia que condena a Sánchez a gobernar con las cuentas de Rajoy en 2018, 2019 y ... ¡ 2020! Prorrogar el Presupuesto un año es factible, pero dos es prácticamente imposible, porque implica congelar el gasto durante demasiado tiempo, incluidas las transferencias a las Comunidades Autónomas, indignadas ya por la decisión de Sánchez de aplazar el debate de la financiación autonómica a la próxima legislatura.

En este contexto, la orden, con Iván Redondo al mando de la nave, es vigilar de cerca la popularidad del presidente y de su Ejecutivo para convocar elecciones en cuanto se vea una oportunidad, sin dar tiempo a que el PP y Ciudadanos se rearmen. Como muy tarde, aseguran, los comicios se celebrarán a principios de 2020, aunque la fecha que anda en boca de todos es otoño del año que viene.

Entretanto, el Gobierno perfila ya la posible subida de impuestos. Las multinacionales y los directivos están en el punto de mira. Sánchez quiere que las grandes empresas paguen un impuesto de Sociedades mínimo del 15 por ciento, seis puntos más alto que el actual, a la par que elevará los tipos marginales y los gravámenes progresivamente sobre las rentas del capital superiores a 60.000 euros anuales, aunque el golpe mayor vendrá a partir de los 150.000 euros anuales.

Los autónomos serán otros de los perjudicados, ya que la intención de Valerio es suprimir la tarifa plana a la Seguridad Social de 50 euros para mejorar los ingresos.

El programa económico se complementa con un conjunto de actuaciones de carácter social, como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la subida de los salarios mínimos o la regularización de los falsos autónomos. Toda una batería de actuaciones destinadas a elevar la protección al trabajador, con objeto de arrinconar a Podemos y preparar el terreno electoral.

Gobernar desgasta y más si es por decreto-Ley. Sánchez aprovechará para anunciar medidas populares, ahora que la barra es libre, porque el pagador de los platos rotos será el futuro Gobierno.

El panorama económico se oscurece. Sobre todo en Europa, donde las amenazas de Trump, coinciden con un mermado crecimiento, un alza de la inflación y el retraso de la subida de los tipos de interés.

Para colmo de males la crisis migratoria estuvo a punto de llevarse por delante al Gobierno de Merkel y provocar un auténtico caos político y financiero en el euro. El escollo se salva, de momento, gracias al acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes tras 14 horas de negociación, que prevé redistribuir por Europa los migrantes que lleguen a las costas principalmente de España o Italia, como pedía su primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Al complejo panorama geopolítico se suman los tuits de Trump, que ponen nerviosos a los mercados ante el temor a que un conflicto comercial acabe con el actual periodo de expansión económica, que se prolonga ya casi una década y es el más largo desde la Segunda Guerra Mundial.

La protagonista de esta semana fue Harley-Davidson. La famosa marca de motos americana está atrapada entre los impuestos de Europa a sus exportaciones y las amenazas de Trump si deslocaliza su producción fuera de Estados Unidos. Los gravámenes sobre el acero encarecieron entre el 10 y el 20 por ciento el coste de su materia prima y los aranceles europeos en otros 2.000 euros de media cada moto que exporta. Una prueba de que la subida de tarifas es un arma de doble filo que puede volverse en contra de EEUU como un búmeran.

Pero el todopoderoso presidente americano sigue obsesionado con frenar la ascendente curva del déficit comercial, sobre todo con China, a la que acusa de comprar empresas americanas para aprovecharse de su tecnología, mientras que Pekín pone trabas a la entrada de capital extranjero.

Una guerra comercial entre los colosos chino y americano podría arrastrar al mundo a una recesión y revivir las tensiones en los mercados financieros con la caída de Lehman. La Casa Blanca moderó su discurso después del batacazo de los mercados el lunes, pero la incertidumbre es la peor enemiga de la prosperidad económica.

PD.- Las empresas españolas vivirán este fin de semana pendientes de México, donde Andrés M. López Obrador aventaja en todos los sondeos, tanto al candidato oficial del PRI, José Antonio Meade, como del PAN, Ricardo Anaya. Su victoria sería inédita en la historia del país, tradicionalmente gobernado por el PRI, y abriría una etapa de incertidumbre porque el nuevo gobernante favorece a las empresas locales frente a las extranjeras. La cita tiene una importancia clave para BBVA, cuya cuenta de resultados depende de su filial mexicana Bancomer. El presidente del grupo español, Francisco González, acaba de recibir la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción del Estado, de manos del aún presidente Enrique Peña Nieto. El ascenso de la corrupción y de las víctimas mortales a causa de los narcos en el mandato de Peña Nieto está a punto de provocar un terremoto político de consecuencias impredecibles.