Hay que liquidar 'La Trama'

Pablo Iglesias se pasea por Madrid a bordo de un autobús con caras de políticos, banqueros y periodistas conocidos que provoca indignación entre los políticos de la oposición. El líder de Podemos no pudo ser más oportuno, porque tan sólo unos días después de poner en marcha su iniciativa, varios de los protagonistas de la cartelería sobre ruedas (Ignacio Gonzalez ó Esperanza Aguirre) se ven salpicados por escándalos de corrupción importantes.

Tampoco hay que ser un lince para conocer que el Canal de Isabel II fue utilizado por Esperanza Aguirre, con su lugarteniente Ignacio González al frente de la empresa pública, para apoyar a los medios de comunicación afines. Conocemos solo la punta del iceberg del gigantesco mecanismo utilizado para adquirir miles de ejemplares de periódicos a cambio de los agasajos a la presidenta en las páginas de los suplementos de Madrid.

Aguirre se saltaba, de esta manera, los complicados procedimientos administrativos de la Comunidad de Madrid, que obligan a convocar un concurso público cuando la adquisición superaba una pequeña cantidad de dinero. Aún peor. Otra gran empresa pública madrileña, el Metro, también se utilizó con las mismas artimañas, aunque en menor medida, probablemente porque la gestión es compartida con el Ayuntamiento.

Los diferentes equipos de Gobierno de Aguirre se cobijaron bajo el manto de protección de los mismos medios de comunicación, que ahora se rasgan las vestiduras, para crear tramas corruptas como las de Gürtel, Púnica o el Canal de Isabel II, dedicadas a recaudar dinero para las insaciables arcas del PP madrileño. Sólo por esto, hace ya tiempo que Aguirre debería haber dejado la política.

Con el férreo control del Gobierno y del partido en Madrid, Aguirre se transformó en la lideresa y se animó incluso a echar un pulso al propio Rajoy, al que llamaban en su entorno el "mariacomplejado", por la parquedad con la que toma las decisiones.

Los dos hombres fuertes que utilizó para la labor recaudatoria son Francisco Granados e Ignacio González. Ambos están detenidos. Además, existe otra veintena de altos cargos a sus órdenes, que son investigados por la Justicia. Las prácticas iban desde el consabido cobro de comisiones por adjudicación de obras faraónicas, que en muchos ocasiones acabaron inconclusas, hasta la adquisición de empresas a precios inflados en el exterior, cuyo excedente se desviaba a paraísos fiscales para proceder a su reparto.

Aguirre intentó colocar a González al mando de Caja Madrid, pero como no lo consiguió, le dejó su puesto de presidente en el Gobierno regional. No quiero pensar qué habría sucedió al frente de la entidad madrileña, que sufría constantes presiones para financiar a sus amigos.

González no sucedió a Miguel Blesa, pero emuló sus artilugios contables. El expresidente de Caja Madrid está acusado de inflar en varios cientos de millones los pagos por el Banco de Florida, abonados en parte en paraísos fiscales, que se saldó con 200 millones de pérdidas para Bankia. Una operación similar a la de la brasileña Emissao.

Con todo este historial, resulta sorprendente que Aguirre aún presuma de que no se ha podido demostrar nada contra ella. Es obvio que tenía que estar al tanto de muchas de estas operaciones que iban a financiar el PP. No puede ser que tanta gente de su confianza la engañara durante tanto tiempo. Entonces, no se merece ejercer un cargo público.

También queda por esclarecer el verdadero papel de la actual presidenta, Cristina Cifuentes. Es verdad que fue quien denunció el asunto ante la Fiscalía, pero se negó a abrir una comisión de investigación en el Parlamento regional después de ser consejera del Canal o a facilitar las denuncias de los funcionarios contra la corrupción. La oposición la acusa de dar este paso para protegerse, aunque la operación no fue presentada para su aprobación por el órgano de administración al que pertenecía y ni siguiera contaba con el visto bueno de la auditora KPMG, como revela elEconomista.

El PP ofrece una imagen dantesca, que debe llevar a reflexionar a sus órganos de gobierno para pasar la página de la corrupción de una vez por todas. Resulta frustrante que un partido político con una eficiencia demostrada para gobernar en tiempos difíciles corra el riesgo de hundirse por culpa de las malas artes empleadas para financiarse. Su comportamiento es una fuente de votos para Iglesias y otros líderes políticos, que debilita y pone en riesgo la estabilidad, como este viernes reconoció el Gobierno. La declaración de Rajoy como testigo en el caso Gürtel es la guinda que colma el pastel de la corrupción.

Otros damnificados somos los medios de comunicación. Es obvio que los periódicos de centro derecha (La Razón, ABC y El Mundo) fueron beneficiarios en mayor o menor medida de las dádivas de Aguirre para comprar su protección. Pero tampoco el grupo Prisa, editor de El País, puede presumir de limpieza. El jueves arremetía contra el presidente de La Razón, Mauricio Casals, y su director, Francisco Marhuenda. Juan Luis Cebrián aprovechó el viaje para acusarlos de ganarse el favor de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para aprobar la fusión de Atresmedia y La Sexta, en contra del criterio de Defensa de la Competencia.

Cebrián elude que él también recurrió a Sáenz de Santamaría para que favoreciera la entrada de Telefónica, Banco Santander, Caixabank, y HSBC como accionistas. La operación fue planteada y aprobada en el extinto Consejo de Competitividad Empresarial, presidido por César Alierta, a instancias del Gobierno.

A cambio, Prisa moderó sus críticas al Ejecutivo de Rajoy y también hacia sus nuevos socios y benefactores. Hoy, afortunadamente, son estas mismas empresas las que buscan la sustitución de Cebrian, a la vista de su desastrosa gestión. Tampoco es que Alierta obtuviera grandes beneficios de su alianza. Poco después, el Ejecutivo le pasó factura por sus negocios con el ex vicepresidente Rodrigo Rato y decidió tirar la toalla y marcharse de Telefónica, en lugar de plantar batalla.

En el autobús de La Trama falta un personaje, el propio Iglesias. La financiación de su partido por parte de Nicolás Maduro, puesta de manifiesto con la falta de condena en Podemos de la supresión de las libertades civiles en Venezuela, lo convierte en un miembro destacado de una trama alternativa, que de llegar a gobernar pondría en tela de juicio la economía y la prosperidad futura.

Hay que liquidar La Trama entre políticos, empresas y medios de comunicación de una vez por todas, si queremos entrar en la liga de las democracias fíables y consolidadas de este siglo.