Pacto 'in extremis' con planteamientos de riesgo

Lo habíamos advertido desde la firma del acuerdo PSOE-Ciudadanos y desde la investidura fallida de Pedro Sánchez: se intentaría hasta el último momento un acuerdo de izquierdas que desalojara del gobierno al PP. Hasta el Partido Socialista ha explorado esa opción, aunque manteniendo de forma demasiado voluntarista (y por cuestiones de imagen) su entendimiento con Ciudadanos como marco fundamental.

Sánchez se entrevistó con Esquerra Republicana en secreto, dirigentes socialistas "autorizados" exploraron la posible abstención de Democracia y Libertad según ha dicho el propio Francesc Homs, y durante cuatro días de febrero la abstención de Podemos parecía garantizar la abstención para que el líder socialista fuera investido presidente. Todo eso se ha movido entre bambalinas sin que la opinión pública tuviera conocimiento.

La noticia este martes no es que las fuerzas de izquierdas españolas hayan escenificado con el acuerdo del Prado su dedicación al límite para alcanzar el poder. Lo noticioso es que el PSOE acepte 27 de los 30 puntos que conlleva la propuesta realizada por Compromís, y pretenda sostener simultáneamente el contenido de su pacto con Ciudadanos. Sencillamente porque son incompatibles, aunque en la política actual en España lo de menos es en qué cubilete se esconde la bola negra. Lo importante es el traje que lleve puesto quien la mueve de un lado para otro.

El acuerdo del Prado plantea derogar las dos últimas legislaciones sobre el mercado de trabajo, y el PSOE lo acepta pese a que firmó con Ciudadanos realizar sólo modificaciones concretas y establecer tres tipos de contrato laboral. El acuerdo del Prado propone un plan contra la pobreza desde un punto de vista "multidimensional e integral" y aumentar los recursos para la Ley de Dependencia, aumentando el gasto público en la medida que sea necesario. El pacto PSOE-C's nunca mencionó la reestructuración de la deuda pública.

El acuerdo del Prado quiere derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, propagandísticamente conocida como Ley Mordaza, aunque el pacto PSOE-C?s sólo se comprometía a reformarla en los puntos más urgentes. El acuerdo del Prado no menciona la supresión de las Diputaciones Provinciales, asunto que Ciudadanos ha considerado capital en su proyecto para el futuro de España y que figura como fundamental en su pacto con el PSOE.

Y un punto trascendental: con la apariencia de dejar fuera la exigencia de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, los que proponen el acuerdo del Prado introducen en el punto 27 el compromiso de "abordar las crisis territoriales desde una perspectiva democrática y avanzar hacia un modelo federal". Suficiente ambigüedad para provocar el rechazo del PSOE y Ciudadanos.

Es fácilmente comprobable la imposibilidad de conjuntar ambos documentos. Como lo es también que ninguna las dos sensibilidades ideológicas que Pedro Sánchez pretende conciliar acepten las condiciones que los socialistas han puesto a este enésimo intento de acuerdo, la más inasumible la que les obliga a apoyar dos Presupuestos Generales del Estado a ciegas.

Los partidos siguen demostrando la necesidad de culpar al otro de la repetición de elecciones. Pero no hay que descartar en absoluto que una de estas intentonas a la desesperada fructifique en algún sentido y en alguna dirección. No lo descartemos, ni siquiera después de que termine la ronda de consultas del Rey.