Opinión

Un país de vengadores justicieros

    Miguel Bernad, de Manos Limpias. Imagen: EFE

    Víctor Arribas

    La detención de los dos máximos responsables de asociaciones tan distinguidas en la defensa de la sociedad como Manos Limpias y Ausbanc viene a ser parecida a la parábola de El regador regado, el cortometraje que rodaron los hermanos Lumière en 1895 poco después de realizar la primera proyección de imágenes en movimiento que dio lugar al nacimiento del cine.

    El jardinero que todo lo regaba era sorprendido por un joven que le gastaba la broma de empaparle cortando la llave y abriéndola abruptamente a continuación. Pues lo de Miguel Bernad y Luis Pineda es algo similar: creían que en la encomiable tarea de descubrir los abusos y los delitos, ellos no serían nunca pillados en su particular trama extorsionadora.

    La incógnita más importante que abre esta operación judicial y policial es lo que ocurrirá con la acusación popular del 'caso Nóos', que ejerce Manos Limpias de forma exclusiva con los bandazos y las peculiaridades que hemos visto en estos años atrás. Si alguna instancia judicial ordenara la suspensión de actividades de esta asociacióno sindicato, el tribunal que juzga el posible fraude y blanqueo presuntamente cometido por los responsables del instituto podría expulsar a la parte acusadora que representa la abogada Virginia López Negrete, sobre quien hasta ahora tan sólo recaen sospechas y no evidencias. La cuestión más que evidente es determinar si ha perdido legitimidad para acusar quien está siendo investigado por actividades ilícitas tan graves y despreciables como el chantaje y la extorsión.

    La garantía de la defensa de los intereses del Estado, que son los de todos nosotros, la pone la acusación de la Fiscalía, lo cual resta trascendencia a esa posible decisión de apartar a Manos Limpias del juicio. Salvo en el caso de la infanta Cristina, quien sorprendentemente se ha sentado en el banquillo de acusados pesando sobre ella exclusivamente la acusación popular, no la de los posibles perjudicados por el fraude. Al no ser acusada por los fiscales, quedaría fuera de la vista.

    La situación nos abre los ojos respecto a la necesidad de que haya más de una parte acusadora para situar a alguien ante un juicio oral o que necesariamente la Fiscalía sea parte acusadora. La jungla judicial, en la que cualquiera puede acusar a alguien, es lo contrario a esta recomendación. Dos instancias mantuvieron a Cristina de Borbón en su actual situación procesal pese a que sólo los ahora presuntos extorsionadores de Manos Limpias la acusaban: el juez instructor José Castro y la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Deberían ofrecer una versión de lo ocurrido ahora que se demuestra a quien dieron credibilidad.

    España está plagada de vengadores justicieros, los hay por doquier. En los medios de comunicación, en la calle, en las instancias judiciales... Es muy fácil arrogarse el papel de investigador y lanzar acusaciones contra todo el que se mueve. Las sospechas son gratuitas, las consecuencias de verterlas sobre personas o sobre organizaciones son en muchos casos irreversibles. El caso Manos Limpias-Ausbanc está siendo aleccionador.

    Hoy todos los que dicen estar a la última de lo que ocurre aseguran que conocían las sospechas que recaían sobre Bernad, pero lo cierto es que nadie acusó nunca a Manos Limpias de lo que ahora le acusan, con rigor y datos probados, los tribunales de Justicia. La acusación que recaía sobre él y sus colaboradores era su adscripción ideológica, el pasado ultra de su cabeza visible.