Sinsentido de las amnistías fiscales

La divulgación de los archivos del bufete Mossack Fonseca, los llamados papeles de Panamá, ha tenido múltiples efectos, pero hay uno especialmente clave. La revelación masiva de identidades de propietarios de empresas opacas en el país del Canal demuestra hasta qué punto es hoy posible estrechar el cerco en torno a los evasores de impuestos. Su persecución a gran escala es una realidad desde los 80, mediante organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su efectividad se ha multiplicado gracias a los avances tecnológicos; pero estos últimos no sólo refuerzan a autoridades y bancos. Se ha demostrado que toda persona con conocimientos informáticos suficientes puede acceder a archivos sensibles de forma masiva. En estas circunstancias, debe cuestionarse la razón de ser de medidas como la amnistía fiscal de 2012. Hubo que rebajar su tributación al 3 por ciento para que afloraran 40.000 millones no declarados.

Si Hacienda hubiera detectado esa misma cantidad, usando los actuales métodos de rastreo, la habría sometido a un tipo efectivo entre el 31,5 y el 40,5 por ciento, fruto de sumar a los gravámenes sobre el ahorro, la multa que prevé la ley, y los intereses. En términos absolutos, más de 15.000 millones habrían llegado a las arcas públicas.

No es un paralelismo caprichoso: el primer análisis de los papeles de Panamá revela que varios amnistiados, como Gabriel Escarrer u Oleguer Pujol, operaban en ese país. Si al alto coste de oportunidad, se suma el hecho de que la amnistía sirvió, en algunos casos, para legalizar fondos procedentes del blanqueo de capitales (véanse las conexiones con la trama Gürtel) sólo puede concluirse que este tipo de perdones fiscales carece hoy de toda justificación.