Actuaciones en cuestión de moral fiscal

Nuevamente los ciudadanos de prácticamente todos los países nos damos de bruces con la evasión y elusión de impuestos. Esta vez el escándalo surge en Panamá y gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hemos conocido una larga lista de personas que han manejado sociedades opacas en aquel país. No existe delito por tener una sociedad en Panamá; ahora bien, conviene recordar que la misma debe estar declarada al fisco español y recordar que las personas que son accionistas, si pasan más de la mitad de año en España, deberán tributar por las rentas generadas en el IRPF.

Algunos nos preguntamos, en todo caso y respetando la presunción de inocencia, por el motivo que lleva a alguna de las personas que aparecen en la lista a tener una sociedad en Panamá. Desde luego la elusión fiscal es algo que no puede ser descartado.

La lista de nombres es extensa y variada en cuento a nacionalidades, tal y como comentaba el principio, además de muy heterogénea: aristócratas, políticos, empresarios, deportistas, responsables institucionales, artistas. Por supuesto hay que presumir la inocencia de todos los nombres que aparecen en la lista dada a conocer por el Consorcio; sin embargo, el Ministerio de Hacienda se tiene que poner manos a la obra para aclarar la situación. La legislación española contempla fuertes cargas y sanciones para este tipo de delitos.

Sobre el tema que nos ocupa de moral fiscal, existe una gran cantidad de documentación y estudios que nos pueden dar claves sobre este problema. En primer lugar sorprende ver la diferencia entre la opinión global de la sociedad y la del defraudador. Para la sociedad eludir impuestos es un delito, pues hurta al resto de ciudadanos del pago de los servicios que obtiene de la sociedad. Sin embargo la visión del que elude es que lo hace porque obtiene muchos menos servicios, o de calidad indebida, respecto a lo que contribuye, es decir, el defraudador percibe que aporta mucho más de lo que recibe. Surge así la primera de las acciones a llevar a cabo por el Gobierno de un país, y que no es otra que dar a conocer a sus ciudadanos los servicios que percibe del Estado y la calidad de los mismos. Si el ciudadano ignora aquello por lo que paga y lo que está recibiendo, difícilmente podrá interiorizar la necesidad y conveniencia de pagar sus impuestos.

La recepción de una serie de bienes y servicios por los entes públicos es precisamente una de las características del Estado del Bienestar, y cuya contrapartida son los impuestos. El Estado del Bienestar ha llevado a una expansión del gasto público y, por tanto, al desarrollo y puesta en práctica de medidas fiscales que recauden los recursos necesarios. Sin embargo, y como bien señalaba el premio Nobel Schumpeter, la capacidad fiscal tiene sus límites; cuanto más próximos estemos a ellos, mayor será la tentación de no pagar. Uno de esos límites es la equidad. Surge aquí otro de los grandes problemas, y es la percepción que los ciudadanos de rentas bajas tiene sobre la carga fiscal soportada por las familias de mayor renta, así como por las empresas a través del Impuesto de Sociedades. Los políticos populistas llevan siempre a decir que van a subir impuestos para sufragar el gasto público, y que esta subida repercutirá en las clases más favorecidas económicamente hablando. Sin embargo la realidad no es así; como hemos visto en España las subidas inciden al final en trabajadores por cuenta ajena, autónomos y profesionales. La carga fiscal tiene que ser equitativa a todos; un incremento que lleve al límite de la carga fiscal soportada lleva a la tentación de no pagar. Unas subida de impuestos a las empresas lleva a que éstas puedan cerrar sus instalaciones y llevarlas a otros puntos. Un buen ejemplo es el goteo diario de empresas que trasladan su domicilio fiscal de Cataluña a Madrid. La mayor carga fiscal que allí soportan es la causa de su migración.

Pero por mucho que se mejore en los puntos anteriores, no debemos engañarnos: la posibilidad de delito, el no pagar, existirá siempre. Surge por tanto la necesidad de luchar contra el delito, algo que los estudios y las investigaciones nos demuestran. La lucha contra el fraude, así como la sanción, son cuestiones que afectan de forma sustancial al cumplimiento de las obligaciones legales. Bien lo saben los ciudadanos de Estados Unidos donde el delito fiscal es causa de encarcelamiento. El actor Wesley Snipes fue condenado a tres años de prisión por tres faltas menores fiscales, resalto ?menores?, además de no haber presentado la declaración del IRPF. Pero, como lo mejor es evitar la tentación para evitar el pecado, la otra línea a emprender es la de la colaboración entre países, mediante una exhaustiva lista de refugios fiscales o tax haven, además de un intercambio de datos fiscales entre los diferentes países.

La evasión fiscal es un problema cotidiano, pero se puede combatir. Primero aumentando el conocimiento por parte de los ciudadanos de los servicios que reciben por su dinero. Segundo, cuidando el gasto público y teniendo un régimen fiscal equitativo para todos. También mejorando la lucha previa, donde la cooperación internacional sea amplia y efectiva. Por último, siendo muy exigentes con los defraudadores y sus penas, puesto que el daño para una sociedad es considerable.